Alega que, en vez de aumentar las asignaciones monetarias para el trabajo creciente de la Función Judicial, el Gobierno nacional las ha reducido en más de 265 millones de dólares.
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En virtud de esto, el presidente del Consejo de la Judicatura echó mano a una acción de protección en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, para exigirle un presupuesto suficiente.
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Acción de protección
El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo, ha presentado hoy, lunes 3 de abril del 2023, un recurso de garantía jurisdiccional de Acción de Protección en contra del primer mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso Mendoza, para exigirle la asignación de un presupuesto suficiente a fin de que la Función Judicial pueda cumplir con su misión de asegurar el acceso efectivo a la justicia de los ciudadanos.
Déficit presupuestario
La Función Judicial, según la Judicatura, tiene un déficit presupuestario de más de 265,6 millones de dólares. De estos, 92,9 millones corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.
Así lo revelaron las autoridades del Consejo de la Judicatura, durante un encuentro en el que participaron directores provinciales de esa institución, representantes de la Corte Nacional de Justicia y quienes presiden cada Corte Provincial.
Vulneración de derechos
David Guzmán Cruz, director general del Consejo de la Judicatura, explicó que la falta de presupuesto vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia eficiente y oportuno.
Señaló que los continuos recortes presupuestarios que se han ejecutado desde el Ministerio de Finanzas, han afectado a la seguridad jurídica del país, así como a la autonomía de la Función Judicial, generando -por ejemplo- un déficit de 692 jueces a escala nacional, en todas las instancias jurisdiccionales.
Actualmente, en Ecuador existen 1.978 jueces, lo que determina que la tasa por cada 100 mil habitantes sea de 11 jueces, cifra que está por debajo de lo que se alcanzó en 2015, cuando la tasa era de 12,8.
Procesos perjudicados
Guzmán Cruz agregó que la reducción sistemática de recursos económicos perjudica también a procesos como la gestión de citaciones, pues no existe el suficiente personal ni vehículos para que la Función Judicial pueda cumplir con esta tarea. Solo en Quito existen 17.777 citaciones pendientes.
Asimismo, hay un déficit de 77,3 millones de dólares necesarios para que el Consejo de la Judicatura pueda cubrir las vacantes de jueces, conjueces, secretarios, ayudantes judiciales, gestores de archivo, citadores, etc.
De igual forma, por la falta de recursos, no se ha podido convocar nuevos concursos para nombrar jueces y fiscales, ni tampoco los procesos de evaluación de los servidores judiciales a escala nacional. Para cumplir con estas tareas, la Función Judicial requiere más de 31 millones de dólares.
Déficit para insumos y mantenimiento
Por costos de operatividad relacionados con insumos de oficina, bienes, arriendos, mantenimiento, repuestos, accesorios, seguros, servicios generales, combustibles, vehículos, etc., el déficit es de 46,8 millones de dólares.
Ataque sistemático y violación de derechos
El presidente del Consejo de la Judicatura señaló que estas cifras revelan que existe un ataque sistemático a la Función Judicial y con ello una violación a los derechos ciudadanos.
Terán señaló que con estas acciones se ha afectado el acceso a la justicia, al derecho a la defensa, a la seguridad jurídica de los usuarios, al trabajo digno de abogados, al derecho de los niños a recibir de forma oportuna sus pensiones alimenticias, etc.
“Esto es una falta de voluntad del Poder Ejecutivo”, señaló Wilman Terán Carrillo, quien aseguró que presentó la demanda contra el Gobierno como ciudadano y como un hombre de derecho que cree en la ley y tiene fe en la justicia.
La Acción de Protección también fue presentada contra el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, y contra el procurador del Estado, Juan Carlos Larrea.
FUENTE: Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador), mediante boletín y fotos enviados con su firma.
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