Fueron emitidos ante la Comisión de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador que prepara reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Durante la sesión ordinaria Nº 005 de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, de la Asamblea Nacional de la República, el Consejo de la Judicatura (CJ) presentó sus observaciones técnicas referidas al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este proyecto está orientado a reformar las categorías de las contravenciones de tránsito, fortalecer la seguridad vial preventiva y reducir la carga procesal en los juzgados especializados.

Las observaciones de la Judicatura fueron expuestas por su director general, doctor Jorge Maruri, quien explicó que esta reforma responde a la Disposición Transitoria Octogésima Primera de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuya implementación está pendiente desde 2021, lo que ha ocasionado vacíos jurídicos y dificultades de interpretación en la administración de justicia.

Transferencia de control

Según datos de la Judicatura, actualmente más del 60 % de las causas que ingresan a las unidades judiciales de tránsito corresponden a contravenciones de menor gravedad.

En este marco, señaló que la reforma propuesta permitirá transferir parte del control administrativo a otras entidades estatales, sin afectar el derecho al debido proceso, lo que facilitará que los jueces concentren sus esfuerzos en delitos de mayor relevancia social.

Competencias sancionadoras

Maruri señaló que todo proceso de transferencia de competencias sancionadoras debe respetar los criterios de garantía de juez natural y el derecho a la defensa, proponiendo que se faculte al Consejo de la Judicatura para emitir reglamentos técnicos sobre aspectos como impugnación, notificación electrónica y sustitución de penas.

En cuanto a las sanciones alternativas, mencionó la inclusión de medidas como el trabajo comunitario, resaltando la necesidad de establecer parámetros claros que garanticen uniformidad en las decisiones judiciales y eviten discrecionalidades.

Manejo de sistemas tecnológicos

Además, el director general del CJ enfatizó la importancia de implementar la interoperabilidad entre los sistemas tecnológicos (cámaras, actas digitales y notificaciones) con los sistemas SATJE (Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano) y SIGED (Sistema de Gestión Defensorial), administrados por el Consejo de la Judicatura, para asegurar su validez jurídica y autenticidad como pruebas.

Finalmente, el funcionario ejecutivo del Consejo de la Judicatura reiteró su respaldo al proyecto, destacando que ayudará a reducir la carga procesal, fortalecer la proporcionalidad de las sanciones, fomentar el uso de tecnología judicial y promover la justicia restaurativa, protegiendo siempre los derechos ciudadanos y la seguridad jurídica.

FUENTE: Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador), mediante boletín y foto enviados a REVISTA DE MANABÍ a través del periodista Jonathan Gines, corresponsal en Portoviejo de aquella dependencia institucional.