Dos casos judiciales ventilados en la ciudad de Manta, provincia de Manabí (Ecuador). En el primero, una señora evitó que instalaran al pie de su casa residencial un transformador eléctrico de alta tensión; y, en el segundo, el representante de una empresa de transporte escolar evitó que le revocaran la licencia para operar dentro del cantón.

Esta historia, real y verídica, es narrada por uno de los dos abogados protagonistas, el doctor Víctor Arias Aroca. El otro jurista es el doctor Sucre Macías Briones.

Resulta que los dos, en acciones coordinadas y conjuntas, lograron que la justicia ordinaria cumpliera su cometido constitucional de dar a cada parte lo que le corresponde por ley.

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No a un transformador eléctrico de alto voltaje

La jueza Selenita Cevallos otorgó medida cautelar en favor de la señora B. B. H., habitante de una casa situada en una prestigiosa urbanización ubicada en la Vía de Circunvalación de la ciudad de Manta, donde los constructores pretendieron instalar un transformador de alto voltaje en el portal de dicha residencia.

El fallo se dictó el 24 de abril/2026. La jueza considera, en su resolución, que el constructor debe abstenerse de colocar instrumentos que constituyen un peligro para la seguridad de los moradores de la casa, en particular los niños. El proceso judicial respectivo se identifica por estos números: 13284-2026-08254.

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La culpa no es del transportista

De la misma manera, el recientemente pasado día viernes 8 de mayo del año 2026 en curso, mediante acción coordinada entre la Corporación Jurídica Arias y el Consorcio del doctor Sucre Macías Briones, se logró un triunfo judicial de nivel constitucional en contra del interventor de la Agencia Municipal de Tránsito y Movilidad (AMTM) del Cantón Manta, organismo público que, alegando presentación tardía de la solicitud, había negado el respectivo permiso de operación a la compañía de transporte escolar TRANSBOSCAME.

Al respecto, la jueza constitucional Ingrid Mera concedió acción de protección a favor de la compañía transportista, ordenando a la AMTM que le otorgue el correspondiente permiso de operación, pues fue la acción interventora policial, ocurrida el día 10 de julio del 2025, la que interrumpió las actividades administrativas de la entidad reguladora del tránsito cantonal e impidió el trámite que había empezado TRANSBOSCAME. Este proceso judicial está identificado con los números 13284-2026-06770.

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Intervención en cuerda floja

Sobre la situación interventora en la Agencia Municipal de Tránsito de Manta, se aguarda para fines de mayo que sus agentes viales conozcan el resultado de la acción de protección constitucional propuesta por ellos ante la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, para que se ordene el pago de sus sueldos y salarios atrasados.

A propósito de la situación laboral mencionada, se conoció que, la semana anterior a la acción interventora policial en la AMTM, ésta procedió a cancelar tres de los seis meses que adeudaba entonces a sus agentes.

Y, tras el periodo transcurrido del proceso intervencionista de la Policía Nacional sobre la susodicha entidad reguladora del tránsito cantonal en Manta, hoy se insiste para que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de esta jurisdicción recupere la competencia legal de administrar el tránsito en su territorio.

FUENTE: Doctor Víctor Arias Aroca (Manta, Ecuador), abogado en libre ejercicio de su profesión y activista cultural destacado.