La crítica va contra un “limbo legal” predominante en la gestión administrativa de ese banco estatal, que permite disfrazar ciertas operaciones financieras poco éticas, dirigidas a favorecer a sus autores o al grupo de privilegiados por ellos.
JORGE LUIS BOWEN LOOR*
En el complejo tablero de la política ecuatoriana, pocas figuras resultan tan convenientes —y a la vez tan perversas— como la del Banco del Pacífico. Definido bajo la ambigua etiqueta de «entidad de derecho privado con capital público», el banco se ha convertido en un híbrido jurídico que permite al poder político de turno disfrutar de las mieles de la gestión privada con los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos.
La historia de este «asalto institucional» no es nueva, pero sus recientes blindajes la vuelven más peligrosa que nunca. Todo comenzó en 2011, cuando el régimen de Rafael Correa, mediante el Decreto 941, arrebató el banco al control técnico del Banco Central para entregárselo a la Corporación Financiera Nacional (CFN).
Ese movimiento no fue administrativo, fue estratégico: era necesario centralizar el control de un gigante financiero, para convertirlo en el respaldo de liquidez de un modelo de gasto desenfrenado.
Bajo esa lógica, vimos cómo se drenaron los ahorros de los jubilados. El IESS, convertido en el prestamista forzoso del Estado, inyectó cientos de millones en la CFN para sostener un sistema que hoy, irónicamente, se vende como «exitoso» por sus utilidades récord, mientras el fondo de pensiones de los ecuatorianos agoniza.
Lo más indignante para el ciudadano es la desfachatez del argumento de la «autonomía». ¿Cómo es posible que una institución cuyo dueño es el Estado —es decir, todos nosotros— funcione bajo reglas que impiden que la Contraloría General del Estado audite sus contratos? Desde octubre de 2025, este blindaje es total. El resultado es un escenario de opacidad absoluta:
- Sueldos de oro: Mientras el resto del sector público se ajusta el cinturón, en el Banco del Pacífico los altos ejecutivos se fijan salarios y bonos de «mercado privado» que ofenden la realidad nacional.
- Contratos en la sombra: Millones de dólares en publicidad y asesorías se entregan sin que sepamos quiénes son los beneficiarios reales, protegidos por el cómodo manto del sigilo bancario.
- Créditos selectivos: Sin fiscalización, el riesgo de que se favorezca a grupos económicos vinculados al poder con reestructuraciones de deuda o tasas preferenciales es una amenaza latente.
El reciente «Caso Purga» fue la prueba de fuego. Si un ex asambleísta pudo, mediante jueces comprados, intentar arrebatarle 4 millones de dólares al banco, con documentos falsos, ¿qué más estará pasando en los niveles donde la luz de la fiscalización no llega?
La CFN, como accionista única, ha fallado en su rol de vigilancia, permitiendo que su «hijo» opere como una isla de privilegios.
Estamos ante una estructura diseñada para que el riesgo sea público y el beneficio sea de una élite técnica y política. Si el banco pierde, pagamos todos; si el banco gana, la «fiesta» se queda puertas adentro.
Mantener al Banco del Pacífico en este limbo legal no es eficiencia, es un mecanismo de impunidad.
La exigencia ciudadana debe ser clara: transparencia total o intervención. No podemos seguir permitiendo que se nos trate como tontos.
Es urgente una reforma legal que devuelva obligatoriamente al Banco del Pacífico al radar de la Contraloría General del Estado. El dinero del pueblo debe cuidarse con las reglas del pueblo. Mientras el banco no abra sus libros de par en par, cualquier utilidad no será más que el maquillaje de un sistema diseñado para el asalto legalizado al patrimonio nacional.
©20.05.2026
* Jorge Luis Bowen Loor, licenciado en Ciencias de la Información y máster en Comunicación Empresarial y Corporativa. Es ciudadano de la provincia de Manabí (Ecuador), pero hizo sus estudios universitarios en España, donde reside actualmente. Su ejercicio profesional inició en algunas radioemisoras manabitas, en Portoviejo y Manta.
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