POR: JORGE LUIS BOWEN LOOR
La delincuencia organizada y el narcotráfico constituyen problemas estructurales que no pueden resolverse exclusivamente mediante decretos de excepción, despliegues militares temporales ni anuncios públicos de operativos.
Aunque la Constitución ecuatoriana, en sus artículos 164 a 166, faculta al presidente a declarar un estado de excepción bajo principios estrictos de necesidad y temporalidad (hasta 60 días, renovables por 30), esta herramienta no constituye una política integral de seguridad ni sustituye las obligaciones ordinarias del Estado.
Como exige el artículo 121 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la excepcionalidad solo procede cuando los mecanismos habituales resultan insuficientes.
Cuando un Gobierno anuncia públicamente intervenciones extraordinarias sin proteger la reserva operativa, otorga ventaja estratégica a las estructuras criminales, permitiéndoles ocultar evidencias, mover capitales y alterar rutas.
La transparencia ciudadana exige rendición de cuentas sobre los resultados y el uso de recursos públicos, pero la eficacia policial y militar demanda sigilo estricto en la inteligencia y planificación para evitar filtraciones.
El crimen organizado opera como una red compleja de finanzas ilícitas, tráfico de armas, lavado de activos y corrupción institucional. Detener a los actores visibles resulta insuficiente si permanecen intactas las economías criminales, los canales logísticos y el descontrol penitenciario.
Por ello, el Estado debe responder como un solo equipo, articulando protocolos e información —sin subordinaciones indebidas— entre la Presidencia de la República, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General del Estado, Función Judicial, SNAI, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y organismos de inteligencia financiera.
Asimismo, no se puede exigir eficacia a jueces y fiscales expuestos a amenazas, sobornos y coacciones, sin brindarles protección real, seguridad informática contra filtraciones y respaldo técnico. La independencia judicial se fortalece garantizando condiciones seguras y recursos para investigar, nunca sometiendo la justicia al poder político.
La propia Corte Constitucional del Ecuador, mediante el Dictamen 1-25-EE/25 del 28 de febrero de 2025 sobre el Decreto Ejecutivo 493, advirtió que la violencia criminal responde a un problema estructural que no debe enfrentarse normalizando los estados de excepción, sino fortaleciendo las capacidades ordinarias y la coordinación interinstitucional.
A esta estrategia debe sumarse la prevención social mediante educación pública de calidad, oportunidades de empleo y recuperación comunitaria para frenar el reclutamiento juvenil.
La verdadera fortaleza de un Gobierno no se mide por la cantidad de estados de excepción que decreta, ni por el número de detenidos en operativos aislados, sino por su capacidad para desarticular estructuras financieras, obtener sentencias ejecutoriadas y ejercer control real en las cárceles.
Ninguna institución puede justificar su inacción culpando a otra. Ecuador necesita una política de Estado permanente, instituciones sólidas y justicia independiente, que trabajen como un solo equipo.
¡Por un nuevo Ecuador!
© 12.11.2026 – jorgebowen@hotmail.es