Los jueces y fiscales que conocen casos de corrupción o de delincuencia organizada, a causa de lo cual han recibido amenazas contra sus vidas o las de sus familias, contarán con protección y seguridad. Así lo acordaron las autoridades de la Mesa de Justicia, que este 6 de junio se reunieron en Quito.
El protocolo de seguridad fue firmado por el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh; el ministro del Interior, César Navas; y, la fiscal general subrogante, Thania Moreno.
Según el instructivo, la protección es para jueces y fiscales que tramitan procesos relacionados con delitos, como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, defraudación aduanera, usura, lavado de activos, producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas como prohibidas y sujetas a fiscalización, entre otros.
El titular del CJ explicó haberse constatado que operadores de justicia de la frontera norte (Carchi y Esmeraldas) y de Manabí, recibieron amenazas con el fin de que cambien sus criterios judiciales.
“Ante esas intimidaciones, habrá una reacción de seguridad y luego de los estudios de riesgo definitivos se tomará decisiones sobre la permanencia de la protección o ampliación de la misma”, señaló. Esta medida también se aplicará en procesos en los que se investiga hechos de corrupción.
“Se garantizará que fiscales y jueces tengan todas las seguridades para que puedan realizar su trabajo, luchando contra la impunidad y develando cualquier influencia que alguien pretenda hacer”, dijo.
Por su parte, la fiscal Thania Moreno explicó que la seguridad estará a cargo de un cuerpo especializado de la Policía Nacional, que prestará protección individual, patrullaje permanente y preventivo.
Emisión de boletas de excarcelación
La Mesa de Justicia evaluó también el procedimiento de emisión de las boletas de encarcelamiento y excarcelación.
Jalkh dijo que es necesario afianzar la correcta aplicación del protocolo con el que las personas que recibieron orden de excarcelación, por sustitución de la prisión preventiva o porque se ha ratificado su inocencia, deben recuperar su libertad en máximo cuatro horas.
El director general del CJ, Tomás Alvear, afirmó que para garantizar la agilidad de estos procesos se diseñó un mecanismo, mediante el cual las boletas se emiten de forma electrónica y se envían directamente a los casilleros virtuales de la Policía Nacional y de los centros de rehabilitación que están a cargo del Ministerio de Justicia.
“Ningún funcionario tiene que exigir un documento impreso o sellado puesto que este está debidamente remitido con las seguridades de las autoridades”, afirmó y agregó que las boletas electrónicas tienen plena validez legal ya que cuentan con las firmas de los jueces y secretarios, así como con los códigos respectivos.
Evaluaron primer año de vigencia del COGEP
En cuanto al primer año de vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la Mesa de Justicia conoció los resultados obtenidos con la aplicación de esta normativa.
Se constató la reducción significativa de los tiempos procesales al pasar de un procedimiento escrito a uno oral. Así, por ejemplo, un juicio Contencioso Administrativo que duraba 1513 días, ahora se lo resuelve en 170. Un caso Contencioso Tributario pasó de 1581 días a apenas 127.
De igual manera, un caso en materia de Trabajo se redujo de 470 días a 100 días y uno de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 146 días a 70.
En este contexto, el titular del CJ indicó que ahora las causas se resuelven con mayor celeridad para beneficio de los usuarios y dependiendo del tipo de proceso: ordinario, sumario, ejecutivo y monitorio.
“La primera evaluación es extremadamente positiva”, dijo el titular del CJ, quien explicó que con la oralidad, de las 78 mil causas no penales resueltas desde el 23 de mayo de 2016 (fecha en la que entró en vigencia el COGEP), apenas 3000 fueron apeladas, lo que representa el 3 %. “Esto significa que existe calidad en la emisión de sentencias en primer nivel”, precisó.
REVISTA DE MANABÍ 