Los electores de la provincia de Manabí se pronunciaron mayoritariamente por el NO, al responder las tres preguntas más polémicas del Referéndum y la Consulta Popular convocados por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Las otras cuatro preguntas también fueron respondidas con un NO de casi el 50 %.
Pero este resultado no debe extrañar a nadie y sí mover a reconsiderar la forma cómo el Estado trata la participación de esta provincia -la tercera más poblada del Ecuador y una de las principales en la formación del PIB nacional- en el reparto de los recursos estatales. Esto lo entendió el Gobierno de la década que acaba de pasar y dio a Manabí “obras, que no buenas razones”, rescatándola de la marginación histórica.
Muchos electores manabitas, al responder las preguntas del Referéndum y de la Consulta Popular, simplemente recordaron cómo era esta provincia antes de tener su red vial primaria en buen estado, el monumental puente Bahía – San Vicente, el Centro Cívico Ciudad Alfaro; el acueducto La Esperanza – Refinería de Manabí que provee agua para las potabilizadoras de Manta, Jaramijó y Montecristi; la Represa de Propósito Múltiple Chone; y el mejoramiento y ampliación de cobertura de todos esos servicios sociales que favorecen a los más pobres del Ecuador, como son -entre otros- la salud, la educación y la incorporación en esas prestaciones a grupos antes excluidos.
Recordaron que la decisión de hacer todo eso la tomó el expresidente Rafael Correa Delgado a quien consideran traicionado y quisieron redimirlo.
Cuando se vive al margen del progreso y en condiciones precarias, los humanos no están en situación de saber, y menos de exigir, que las obras que reciben hayan sido construidas observando un procedimiento contractual ético y unas normas de ejecución con alta calidad y costo justo; lo más que pueden hacer es celebrar y agradecer a quien se las provee. Luego, que los manabitas discernieran ante las urnas, entre continuar apoyando un proyecto político severamente cuestionado por actos de despilfarro y corrupción, o confiar en otro que promete responsabilidad y transparencia, esa era la tarea del Gobierno que preguntó y de los gobernantes seccionales que dijeron respaldarlo. No lo hicieron con el convencimiento ni el vigor que en otras provincias sí pusieron sus respectivos líderes.
Pareciera que algunos altos funcionarios provinciales que sirven al Gobierno en Manabí prefirieron la respuesta NO en las preguntas de marras, seguramente pensando en la vuelta de su caudillo o que pasan mejor sin cambios que arriesguen el actual estado de confort que les confiere su status gubernamental. Y quizás ciertos mandatarios seccionales siguieron la misma línea, tratando de permanecer en la función pública a punta de reelecciones.
Después del resultado de la votación en Manabí, al Gobierno nacional le conviene revisar cuidadosamente la actuación de sus actuales representantes en esta provincia y replantearse cuánta confianza puede depositar en aquellos mandatarios seccionales electos por el pueblo y que tras el Referéndum quedan fuera de la reelección.
REVISTA DE MANABÍ 