Debido a que el índice de la violencia intrafamiliar es muy alto en el Ecuador, y particularmente la que atenta contra la integridad física y la vida de las mujeres, el Estado a través de la Asamblea Nacional ha dictado leyes concretas para prevenir el cometimiento de tales actos y para castigarlos después de que ocurren. La aplicación de las normas corresponde a los organismos encargados de administrar justicia, con el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional a la cabeza, que ahora mismo hacen esfuerzos extraordinarios para proteger a las víctimas y sancionar a los victimarios.
En el caso de la provincia de Manabí hay un servicio judicial específico para conocer y juzgar los actos de violencia contra la mujer o contra otros miembros del núcleo familiar. Funciona ininterrumpidamente las 24 horas de cada día, incluidos los fines de semana y días feriados, brindando atención personalizada. Se halla vigente en los cantones Portoviejo, Manta y Chone, en las respectivas unidades judiciales que atienden las denuncias sobre Violencia contra la Mujer.
Para los demás cantones el servicio lo prestan jueces multicompetentes, secretarios de juzgados y equipos técnicos conformados por médicos, sicólogos, trabajadores sociales y parvularios. Salvo en los cantones Olmedo, Jaramijó y San Vicente que, por falta de unidades judiciales, sus casos los atienden las unidades más próximas, como las de Santa Ana, Manta y Sucre, respectivamente.
Y parece ser que este servicio ha resultado eficaz, porque -según lo observa la Delegación de la Judicatura en Manabí- hay una disminución considerable de denuncias por casos de violencia psicológica, física o sexual. Las estadísticas judiciales revelan, por ejemplo, que en el año 2017 ingresaron 411 causas a las unidades judiciales de Portoviejo; pero en el 2018 solo ingresaron 323, y en lo que va del 2019 solo 128. En Manta ha ocurrido una situación similar: 744 causas en 2017, 628 en 2018 y 246 en el año presente.
REVISTA DE MANABÍ 