La diferencia entre el proceder del Ejército y el de la Policía Nacional fue clarísima.  

José Risco Intriago* / Manta / 15-10-19

El Ejército y la Policía Nacional del Ecuador, obedientes del mando presidencial, salieron a las calles para proteger los bienes públicos y privados y la seguridad de todos los ecuatorianos. Sin embargo, al encontrarse con una muchedumbre indignada y enardecida por el intempestivo aumento del precio de los combustibles -y, en consecuencia, del costo de la vida-, tuvieron que responder a la furia popular. El primero actuó con prudencia, pero la segunda perdió la tolerancia y fue evidente, en determinados casos, que atacó sin misericordia.

Es cierto que el deber primordial de la fuerza pública es preservar el orden y la tranquilidad social establecidos en la Constitución Política de la República del Ecuador; mas, precisamente por esto, también debe esmerarse en actuar con cabeza fría y afrontar todos los desafíos con máxima serenidad y prudencia. Ante la provocación, calma; ante la agresión, control y sabiduría para responder midiendo las consecuencias.

No es de humanos, ni de justicia, que unos servidores del Estado abusen de la autoridad, el uniforme y el armamento que el pueblo ha puesto en sus manos, y prevalidos de ese poder agredan sin compasión a quienes sirven; porque el Estado es apenas la representación del mandato del pueblo, que somos el conjunto total de los ecuatorianos. Tampoco se justifica que ataquen de forma desmedida a gente entre la que pueden estar sus propios familiares, vecinos, compañeros, amigos y conocidos.

Los ciudadanos protestantes reclamaban que el Gobierno rectifique su error de encarecer abruptamente la vida de todos los ecuatorianos, justo en un momento de crisis económica. Pudo haberlo hecho progresivamente desde los primeros días de su mandato; o, mejor, desde ahí liberalizar completamente la iniciativa privada para idear, crear, producir, servir y vender, sin tantas cortapisas legales y burocráticas que frenan el progreso y limitan el desarrollo social. El reclamo popular era, pues, justo, legítimo y razonable. ¿Que hubo infiltrados que causaron desmanes y destrozos? Solo a ellos había que apuntar la rigurosidad; pero no hacerlo indiscriminadamente con el uso desproporcionado de gases lacrimógenos y fuerza bruta contra multitudes conformadas por (mujeres y hombres) niños, adolescentes, adultos, mayores y discapacitados, de toda condición social y económica.

Si alguien tiene que ser señalado y responsabilizado como causante de la paralización de actividades, las movilizaciones populares, los enfrentamientos entre compatriotas y todos los daños y perjuicios derivados, ese es el Gobierno nacional ecuatoriano que no supo medir y prevenir la dimensión de las reacciones a su paquete de ajuste económico; y, peor todavía, que no dio marcha atrás desde el primer día del paro, sino que esperó a que Ecuador se desangrara y su economía quedara seriamente lastimada. Muestra inequívoca de incompetencia y arrogancia.

La fuerza pública ha de obedecer órdenes sabias y prudentes, pero actuar con mesura ante mandamientos errados. La diferencia entre el proceder del Ejército y el de la Policía Nacional fue clarísima. Mientras el primero toleró que grupos de manifestantes retuvieran por instantes a algunos de sus miembros -porque no se trataba de una guerra entre enemigos y tampoco era justo confrontar su poderío militar con grupos solo armados de voluntad, coraje y unos cuantos palos y piedras-; la segunda, en cambio, mostró incontinencia en algunos episodios contra los indefensos concentrados exigiendo sus derechos.

De ahí que nos cause extrañeza el sorpresivo relevo del alto mando militar que acaba de demostrar su sapiencia, dignidad y patriotismo. Ojalá esto no sea otro error al que se ha inducido al presidente de la República en funciones.

(Actualizado el día domingo 20 de octubre del 2019)

* Director de REVISTA DE MANABÍ.
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