Contribuciones de la Judicatura para la seguridad ciudadana de Guayaquil

La alcaldesa del Cantón Guayaquil, Cinthya Viteri (centro), en una reunión de la Corporación de Seguridad Ciudadana. / CJ

El Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador ha implementado varias acciones para contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Guayaquil. Así lo explicó su presidenta, María del Carmen Maldonado, durante la reunión de trabajo interinstitucional en la ciudad porteña, realizada el 3 de febrero de 2020, en el marco del convenio de acción conjunta dentro del Plan Más Seguridad, donde recordó que el CJ es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, pero no administra justicia.

La doctora Maldonado informó que el CJ ha dispuesto medidas para mejorar el servicio de justicia. En ese marco, entregó al país unidades judiciales de Garantías Penitenciarias en Guayaquil, así como en Latacunga, Cuenca y Portoviejo. También incorporó cinco nuevos administradores de justicia en esta materia para la provincia del Guayas, además de la respectiva sala de audiencias y videoconferencias.

De igual forma mencionó que, para garantizar el acceso de los ciudadanos al servicio de justicia, el pleno del CJ, en ejercicio de su potestad de control disciplinario, en el último año destituyó a 34 jueces, 11 fiscales, cinco defensores públicos, un notario y 26 funcionarios administrativos. En total, 77 servidores judiciales a nivel nacional.

Señaló que en Guayas varios jueces fueron trasladados a otras unidades judiciales y a otras materias para evitar posibles irregularidades. Asimismo, se destituyó a jueces y fiscales y tres magistrados de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia, por haber incurrido en error inexcusable, previamente determinado por la Corte Nacional de Justicia; y se suspendió, como medida cautelar, a dos jueces más.

La presidenta del CJ informó también que la institución suscribió un convenio con el Ministerio de Gobierno, para el intercambio de información y seguimiento en los casos de conmoción social, a fin de implementar de manera inmediata procesos investigativos y actuaciones urgentes, de tipo disciplinario.

La alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, tuvo la iniciativa de que el Municipio contrate estudios jurídicos o cuente con estudiantes de Derecho para el seguimiento de las decisiones de jueces y fiscales. La doctora Maldonado, por su parte, respetando el principio de independencia judicial, no se refirió a ese planteamiento, ni se adoptó, con las autoridades nacionales, ninguna resolución respecto de ese tema.

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito), mediante boletín y foto de su Dirección Nacional de Comunicación.