En los últimos tiempos amanecemos, con frecuencia, sorprendidos por noticias que hablan sobre la liberación de reos cuya pena no estaba cumplida. De inmediato, la Policía y la Fiscalía protestan y de esto se hacen eco algunos medios de comunicación, incluyendo las inefables redes sociales alojadas en internet.

Este contenido es parte de REVISTA DE MANABÍ

Más recientemente, dichas liberaciones han sido cuestionadas por el presidente de la República en funciones, Guillermo Lasso Mendoza.

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Hace poco se informó de la liberación de trece encausados penalmente y, como la acción cuestionadora no se hizo esperar, el Consejo Nacional de la Judicatura, con su nuevo presidente a la cabeza, Wilman Terán Carrillo, respondió justificando la decisión judicial. A continuación su comunicado público completo:

“El Consejo de la Judicatura, como órgano disciplinario y de gobierno de la Función Judicial, ante comunicados de prensa e información que circulan en redes sociales, respecto a 13 personas detenidas en el operativo policial denominado sigilo 25, donde se señala que los juzgadores los han liberado, informa a la ciudadanía:

– Luego de las verificaciones pertinentes, se evidencia que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra dos de los ciudadanos detenidos en el operativo, existiendo incluso visos de violación de los procedimientos, como lo revela el mismo expediente.

– En otro caso, las infracciones por las cuales se procesó a nueve de los detenidos por los delitos de ocultamiento de objetos robados y porte de armas, es improcedente la prisión preventiva por mandato legal y constitucional.

– En ambos casos, los jueces dispusieron que se continúe el trámite de la causa y se investigue a los responsables de las vulneraciones a los procedimientos.

– Las víctimas de infracciones penales requieren de una justicia de calidad y, para ello, se necesita que los otros actores, como la Policía Nacional, efectúen su trabajo de manera profesional, responsable y eficiente, para que los derechos de todas las víctimas sean restablecidos.

– El Consejo de la Judicatura se suma a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, pero siempre exigiendo el debido proceso para que se protejan los derechos de las víctimas.”

FUENTE: Comunicado de Prensa emitido por el Consejo de la Judicatura del Ecuador (Quito) y enviado por su Dirección Nacional de Comunicación Social.