Hace poco se han reunido en Quito representantes del Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador y los del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a fin de revisar la situación actual de la atención judicial para niños y adolescentes ecuatorianos, buscando la manera de fortalecerla y mejorarla.

Pusieron cuidado especial en considerar los casos de niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia, especialmente por cuestiones de género.

La exposición del Consejo de la Judicatura

El CJ expuso las políticas implementadas durante los últimos años para el juzgamiento y sanción de los actos violentos contra menores de edad. Su presidente, Gustavo Jalkh, explicó que en el Ecuador los niños y adolescentes son parte de los grupos de atención prioritaria y como tal reciben cuidado y protección del Estado.

Recordó que en el país está vigente el Código de la Niñez y Adolescencia, que tiene entre sus objetivos la protección de los menores de edad frente a delitos como el maltrato, el abuso, la explotación sexual y el tráfico de personas.

Jalkh afirmó que, de igual forma, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el año 2014, establece fuertes sanciones para los responsables de estos delitos.

Además, informó que para garantizar el óptimo acceso de todos los ciudadanos a los servicios de justicia, desde el año 2013 se crearon unidades judiciales especializadas que tratan de forma exclusiva casos relacionados con familia, mujer, niñez y adolescencia.

Señaló que con el propósito de lograr cobertura nacional, adicionalmente existen jueces multicompetentes que también tramitan estos procesos.

En total son 549 administradores de justicia los que conocen causas relacionadas con este tema y, de ser el caso, dictan medidas de protección para las víctimas, quienes además cuentan con el apoyo integral de equipos técnicos compuestos por médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

Las autoridades del CJ presentes en la reunión, entre ellas la vocal Karina Peralta, confirmaron la existencia y aplicación de una serie de protocolos, guías y manuales que aseguran atención judicial de calidad para mujeres, niños, adolescentes, miembros de los grupos GLBTI o personas con discapacidad.

Citaron como ejemplo el Protocolo de Actuación para el Abordaje de Víctimas de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar; el Manual para una vida libre de violencia, que detalla el procedimiento a seguir cuando se conoce de una agresión; y el Convenio interinstitucional firmado por la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Educación para combatir los delitos sexuales en el ámbito educativo.

El pronunciamiento de UNICEF

Los representantes de Unicef, entre los cuales estuvo Sheyla Abdoul, asesora regional de Género de ese organismo, evaluaron la información recibida y expresaron su voluntad de mantener canales de cooperación para el desarrollo de acciones que consoliden la prevención y respuesta a la violencia contra niños y adolescentes.

Mostraron su interés de participar en los procesos de capacitación en materia de género a jueces y fiscales, así como en el diseño de la Guía para la Evaluación y Determinación del Interés Superior del Niño en los Procesos Judiciales, instrumento en el que ya trabaja el CJ.

Igualmente, indicaron que Unicef puede aportar en temas como el fortalecimiento de medidas para evitar la revictimización de los menores de edad que han sufrido casos de abuso sexual.

FUENTE: Dirección Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura, mediante boletín informativo y foto enviados por su delegación en Manabí.- MANTA, 20 de junio de 2017.