Uno de los salones del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en Quito, es el lugar donde el miércoles 4 de julio de 2018 un vocal de este organismo recibió a varios dirigentes indígenas ecuatorianos y de la FIAN -organización internacional que defiende el derecho a la alimentación-, que pidieron revisar la actuación judicial contra comunidades que se oponen a la minería inconstitucional.
En la reunión estuvieron presentes los representantes de la Ecuarunari (filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y de la FIAN, mientras de contraparte estuvo Juan Pablo Albán, vocal del CNJ. Los primeros expresaron sus preocupaciones por los problemas existentes en las comunidades Quimsacocha y Río Blanco (provincia de Azuay), en cuyos territorios se desarrollan proyectos de extracción minera.
Jing Jing Zhang, delegada de la FIAN, expuso inquietudes acerca del ambiente enrarecido que se vive en las comunidades mencionadas. De igual forma, dirigentes indígenas como Yaku Pérez Guartambel aseguraron que en el país existe una política extractivista que consiente la ejecución de proyectos que no cumplen el procedimiento constitucional de consulta previa, ni otros requisitos indispensables para proteger el ambiente y a los humanos que lo habitan.
Pérez señaló que esto genera resistencia en las comunidades, pero que el Estado responde criminalizando a quienes protestan. Y precisó: “En Azuay, por ejemplo, se han iniciado causas penales en contra de 23 personas”. En este contexto, solicitó que el CNJ adopte mecanismos de seguimiento, para asegurar la correcta aplicación de las leyes por parte de los jueces y así “evitar que la justicia se convierta en un instrumento del poder político y económico”.
Asimismo, propuso que se retome la mesa de diálogo que la Judicatura integró en octubre de 2017 para coordinar, conjuntamente con otras instituciones -como los ministerios de Justicia, del Interior, la Corte Constitucional y las organizaciones indígenas-, acciones que fortalezcan el pluralismo jurídico en Ecuador.
Respuesta de la Judicatura
Juan Pablo Albán, por su parte, se comprometió a exponer ante el pleno del CNJ los requerimientos planteados en la reunión. Aseguró que las nuevas autoridades del Consejo están empeñadas en tomar las acciones necesarias para que los jueces, fiscales y otros operadores de justicia desarrollen su trabajo en un marco de independencia y aplicación del debido proceso.
“Creo que desde el espacio del Consejo de la Judicatura podemos convertirnos en el punto focal para erradicar la criminalización de la protesta social, respetar la libertad de expresión y no permitir que los funcionarios judiciales se conviertan en agentes persecutorios”, reflexionó Albán.
El funcionario aclaró que será el pleno del CNJ el que determine si se puede o no aplicar un mecanismo de monitoreo que permita apreciar cuál es el desempeño de los jueces, sin que esto implique una intervención en sus resoluciones o sentencias.
“Si eventualmente el pleno del Consejo resolviera que podemos hacer una suerte de seguimiento u observación al trabajo de los jueces, este no tendría que ser para sancionarles sino para tomar los correctivos necesarios en los procesos de formación, sensibilización y actualización de conocimientos”, explicó Albán.
Al concluir la reunión, la dirigencia indígena destacó la apertura al diálogo expresada por el vocal Albán en representación del CNJ. “Vemos la frescura que se respira aquí en el Consejo de la Judicatura y eso nos augura las esperanzas de tener una justicia expedita y transparente, que le dé a cada uno lo que le corresponde”, subrayó Pérez Guartambel.
REVISTA DE MANABÍ 