Dirigentes de la Plataforma de Derechos Humanos, que agrupa a varios líderes sociales y ciudadanos procesados por la revuelta policial del día 30 de septiembre del 2010 (30-S) en Guayaquil, sospechan que en las sentencias judiciales de este caso hubo injerencia política y pidieron que el Consejo de la Judicatura investigue.

El petitorio fue hecho directamente a Zobeida Aragundi, uno de los vocales del CJ, durante su estancia en Guayaquil el día jueves 9 de agosto de 2018. Ocurrió dentro del edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, donde las dos partes se encontraron y mantuvieron una reunión expresa sobre el caso. Los peticionarios quieren que el CJ revise la actuación de los jueces y fiscales que analizaron el tema y dictaron sentencias.

Xavier Rojas, presidente de la Plataforma, planteó la creación de una comisión que esté integrada por miembros del colectivo que dirige, por delegados del Consejo de la Judicatura y por expertos en derechos humanos y en materia penal.

“Hoy existe un nuevo escenario político en el país, tenemos autoridades que gozan del respaldo ciudadano y que harán cumplir la voluntad de la Consulta Popular del pasado 4 de febrero”, confió.

Mery Zamora, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quien fue acusada por el supuesto delito de sabotaje y terrorismo, también participó en la reunión. Ella dijo: “Aquí estamos con los sentimientos encontrados, no solo por mi caso, sino por el de muchos otros que fuimos víctimas del sistema de justicia al servicio del correísmo y la persecución política”.

Aragundi, quien estuvo acompañada por Irene Valencia y Esteban Echeverría -secretaria general y director nacional de Gestión Procesal del CJ, respectivamente- y por los delegados provinciales de este alto organismo estatal, prometió que trasladará al pleno del CJ el pedido que le formularon.

“Este Consejo de la Judicatura de transición tiene el deber ineludible de asumir las responsabilidades frente a la sociedad. La Constitución de la República garantiza los derechos de las personas y nuestras acciones deben estar enmarcadas en ella”, reconoció Aragundi.

Durante su estancia en Guayaquil, las autoridades del CJ recorrieron el Complejo Judicial Guayaquil Sur (Valdivia). Ahí mantuvieron reuniones con los jueces que conocen casos de violencia.

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito), mediante boletín informativo y foto, con firma de su Dirección Nacional de Comunicación. Enviados a través de la Unidad de Comunicación del CJ en Manabí (Portoviejo).
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