La continuidad de los actuales magistrados de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana depende del resultado de un proceso de evaluación que sobre su desempeño tiene en marcha el Consejo de la Judicatura.

Los vocales de este Consejo acudieron el día viernes 14 de septiembre de 2018 a la Comisión de Justicia de la Asamblea de la República, para explicar cómo llevan a cabo la evaluación, aparte de exponer sus criterios técnicos sobre varios proyectos de reformas a leyes vinculantes para la Función Judicial.

Durante esa exposición, el presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, dijo que la evaluación está en marcha y se realiza bajo algunos parámetros aprobados por unanimidad en el pleno de la Judicatura. Indicó que uno de ellos es el de la legitimidad, en el que se tomará en cuenta el informe de la Contraloría General del Estado sobre cómo fueron designados los integrantes de la Corte. “Ahí aparecerán quiénes están legítimamente en sus funciones y quiénes no”, advirtió.

Explicó que otro aspecto de valoración es la transparencia, y para ello se firmará un convenio de cooperación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el fin de investigar el patrimonio personal de los jueces evaluados. “Hemos dispuesto que desde el Consejo de la Judicatura se envíe información al día sobre todas las sentencias dictadas en casos de lavados de activos, peculado, narcotráfico y otros delitos contra el Estado”, precisó.

El doctor Merlo sostuvo que todos los vocales de la Judicatura están de acuerdo en que la evaluación técnica se realice con el aporte de veedurías nacionales e internacionales, así como con la intervención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, “De tal manera que el proceso de evaluación sea independiente, transparente y con profesionalismo”.

Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial

El vocal Juan Pablo Albán explicó las observaciones que tiene la Judicatura sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Por ejemplo se refirió al error inexcusable y dijo que esta figura debe mantenerse, pero que se requiere una definición clara que guíe a los jueces cuando apliquen este recurso. También indicó que son los jueces, y no el Consejo de la Judicatura, quienes tienen que declarar la existencia de error inexcusable, el cual debe aplicarse a los administradores de justicia y no a los funcionarios judiciales administrativos. Asimismo, dijo que tiene que aclararse la aplicación del error inexcusable en cuanto a los integrantes de la Corte Nacional de Justicia.

Al referirse a la posibilidad de eliminar la prohibición de que un abogado del sector público pueda actuar en libre ejercicio, el vocal Albán señaló que el CJ no está de acuerdo con este planteamiento. “Creemos que esto puede generar conflicto de intereses”, indicó.

Observaciones a otros proyectos de ley

El doctor Albán, a nombre del CJ, también realizó objeciones al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y señaló que esta normativa va contra normas constitucionales y dictámenes internacionales.

De su parte, la vocal Angélica Porras habló sobre las reformas al Código Orgánico General de Procesos, que plantean cambios en la calificación de la demanda, análisis de los recursos de casación, aplicación de medidas cautelares en procesos contenciosos administrativos, entre otros. Indicó que, por ejemplo, se propone reformar lo relacionado con el despido intempestivo y el despido ineficaz. “Los jueces que sentencian despido ineficaz muchas veces sugieren que primero se conozca el caso como despido intempestivo. Esto deja en indefensión a las trabajadoras”, observó Porras.

En tanto, el vocal Aquiles Rigail expuso propuestas que recogen la opinión de los abogados del país. Una de ellas es que se retome la vacancia judicial. “La rotación de jueces, secretarios y demás operadores judiciales provoca la demora en la resolución de los procesos”, señaló.

Finalmente, la vocal Zobeida Aragundi explicó que el CJ trabaja con organizaciones de mujeres, operadoras de justicia y expertas nacionales, en la creación de un procedimiento especial y expedito para tratar los casos de  violencia de género.

También indicó las acciones desarrolladas por el CJ en el marco de la aplicación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

FUENTE: Boletín informativo y foto, con firma de la Dirección Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura (Quito) y enviados a través de la Unidad de Comunicación de la Delegación del CJ en Portoviejo, Manabí.
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