Con 6 años de retraso pagan a ex funcionarios judiciales de Ecuador

En primera línea, jubilados de la Función Judicial; atrás, el Consejo de la Judicatura.

Tremenda paradoja de la justicia ecuatoriana: quienes dedicaron sus vidas a servirla y la dejaron por diferentes razones justificadas, han tenido que esperar 6 años para recibir el pago de haberes que les corresponde por ley. El Consejo de la Judicatura (CJ) recién ayer, jueves 13 de diciembre del 2018, pagó a exservidores de la Función Judicial valores que estaban pendientes desde el año 2012, por concepto de jubilaciones y desvinculaciones.

Durante el acto para anunciar el pago, el presidente del CJ, Marcelo Merlo, y los vocales Zobeida Aragundi Foyaín y Aquiles Rigail, junto a otras autoridades, entregaron a 21 exfuncionarios de las provincias de la Sierra centro y norte, su rol de pagos ejecutado y un certificado de agradecimiento por sus años de servicio. De ellos, la mitad recibió un diploma de reconocimiento especial por su intachable trayectoria.

En total son 157 los exservidores beneficiados con este proceso a nivel nacional. Ellos pertenecieron a la carrera jurisdiccional y administrativa. Se acogieron a distintos tipos de jubilación: obligatoria, ordinaria, por discapacidad y por invalidez, y sus procesos de desvinculación no fueron tramitados desde el año 2012.

Merlo consideró que los exfuncionarios a quienes no se les cancelaba sus haberes eran objeto de una terrible injusticia, lo cual es inadmisible. Por ello dijo que la Judicatura, más allá de implementar políticas de austeridad, realizó las gestiones para buscar los recursos y cumplir con estas obligaciones. “Ustedes tienen todo el derecho de recibir su jubilación”, concedió benevolente.

De su parte, la vocal Zobeida Aragundi explicó que se realizaron los trámites ante el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo a fin de obtener la aprobación del dictamen favorable para ejecutar este proyecto. De esta manera, se obtuvieron 6´693.097 dólares para pagar los haberes pendientes a los exfuncionarios judiciales. “El Ministerio de Finanzas va a hacer las transferencias. Desde las 12:00 hasta las 18:00, ese dinero se reflejará en sus cuentas bancarias personales”, aseguró.

Asimismo, Aragundi pidió disculpas a los exservidores pues consideró que hubo un atraso imperdonable en el reconocimiento de sus derechos, por parte de la institución.

“Conozco que desde el año 2012 a la fecha unos han muerto y otros sufren graves problemas de salud física y psicológica por la incertidumbre a la que fueron sometidos. Espero que con esta gestión en algo se alivie su dolor. La espera terminó”, consoló la magistrada.

Recordó que cuando las actuales autoridades del CJ asumieron sus funciones, encontraron que las solicitudes de pensiones jubilares estaban detenidas y por ello tomaron algunas medidas: actualizar las carpetas de los solicitantes e impulsar acciones para que el pleno de la Judicatura expida la resolución 095A – 2018 mediante la cual se reconocen los derechos de quienes laboraron en esta Función del Estado y se disponen las medidas para que se cancelen sus haberes pendientes.

El doctor Juan Vizueta, director nacional del CJ, señaló que  el pleno de la Judicatura siempre tuvo entre sus prioridades pagar esta deuda social a favor de los exservidores judiciales. “Democracia no solo implica hablar de independencia de la justicia y libertad de expresión, democracia implica que el Estado y sus instituciones puedan cumplir con las garantías establecidas en la Constitución”, razonó.

Uno de los exservidores que recibió la compensación económica fue José Maiguashca Benavidez, quien laboró en la Corte de Justicia de Pichincha. Él manifestó que se trata de un acto de justicia, pues se les reconoce un beneficio que les corresponde por derecho.

El Consejo de la Judicatura realizará un evento similar el próximo lunes 17 de diciembre en Guayaquil, para resaltar la dedicación y la entrega de quienes trabajaron en la Función Judicial en la región Costa.

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito), mediante boletín informativo y foto con firma de su Dirección Nacional de Comunicación.
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