Las agresiones a mujeres conmocionan a la Judicatura ecuatoriana

Sesión del Consejo de la Judicatura, en su sede nacional en Quito.

La salvaje violación sexual a una mujer dentro de un bar en Quito, y el cruel asesinato en público de una madre embarazada que residía en Ibarra, ha sacudido la conciencia de los miembros del Consejo (transitorio) de la Judicatura ecuatoriana, que han reaccionado pronunciándose con firmeza sobre lo que ellos creen el origen de este mal, incluidas prácticas erróneas del sistema judicial y la incitación a la violencia por medio de redes sociales.

Primero respaldan su determinación en virtud de la potestad que les confiere el artículo 181, numeral 5, de la Constitución de la República del Ecuador, que les ordena velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial; y, conforme el artículo 35, del mismo cuerpo normativo, que manda al Estado prestar especial atención a las personas en condición de doble vulnerabilidad, entre las cuales se encuentran las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Al tenor de esos mandatos rechazan los hechos violentos ocurridos el 14 y el 20 de enero del 2019 -el primero en la ciudad de Quito y el segundo en la de Ibarra- en contra de mujeres. 

A decir de la Judicatura, estos dos casos -que han conmocionado al país- constituyen la manifestación extrema de una estructura patriarcal que atraviesa todas las instituciones sociales, independientemente de la situación socio económica, edad, nacionalidad, condición migratoria o situación de movilidad humana; y establecen relaciones desiguales entre hombres y mujeres, perpetuando roles sexistas y misóginos que generan la falsa idea de que los cuerpos de las mujeres son propiedad de los hombres. 

El Consejo de la Judicatura considera que los datos sobre violencia de género en el país son alarmantes: Según la última encuesta realizada por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 6 de cada 10 mujeres enfrentan violencia en el Ecuador; cada tres días una mujer es asesinada. Desde agosto del 2014 al 20 de enero del 2019, se han judicializado 313 casos de femicidio, de los cuales 59 ocurrieron el año 2018. Estas cifras indican que hasta ahora la respuesta por parte de las instituciones del Estado no ha sido suficiente, reconoce dicho Consejo.

Frente a ese cuadro sombrío de la realidad social que enfrentan muchas mujeres ecuatorianas, el Consejo de la Judicatura ha puntualizado su determinación:

1)    Expresar sus sentimientos de pesar por estos actos a los familiares de las víctimas.

2)    Exhortar a los operadores de justicia que tramitan estas causas y otras similares, a actuar con la mayor diligencia, respetando el debido proceso y aplicando la normativa nacional e internacional correspondientes, conforme a la resolución 109A-2018 aprobada por el pleno del Consejo de la Judicatura el 27 de noviembre del 2018, mediante la cual resolvió “Declarar como prioridad la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres y los femicidios que ingresen a la Función Judicial”.

3)    Reiterar su compromiso con el derecho a una vida libre de violencia, compromiso dentro del cual ha venido ejecutando el “Plan para implementar la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”, conjuntamente con la sociedad civil y otras instituciones del Estado; y ha declarado como política prioritaria la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres y los femicidios.

4)    Invitar a formar parte y fortalecer las mesas de Justicia y Género que a nivel provincial se están organizando, con el ánimo de actuar con la sociedad civil en la vigilancia de la tramitación de esas causas, con el fin de reducir las prácticas del sistema judicial que perpetúan y naturalizan la violencia de género.

5)    Informar que, en el marco de sus competencias, ha formulado un proyecto de formación, ligado a la evaluación de operadores de justicia, con el objeto de fortalecer la atención y actuación judicial desde una perspectiva de género en todas las etapas del proceso penal. 

El Consejo de la Judicatura, por último, hizo un llamado a evitar la promoción de la violencia a través de las redes sociales, evitando la divulgación de imágenes que atenten a los derechos de las víctimas y sus familiares. 

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito), mediante boletín informativo y foto con firma de su Dirección Nacional de Comunicación.
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