Las recientes muertes violentas ocurridas dentro de algunas prisiones ecuatorianas han encendido las alarmas. El Estado, con sus diferentes funciones de poder, busca la manera de frenar esa situación y proteger la vida y los derechos humanos de los prisioneros.

La vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno; el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), general retirado Edmundo Moncayo; y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, se han reunido el 7 de agosto del 2019 en Quito, para analizar el presupuesto que requiere la implementación de cuatro unidades judiciales que garanticen los derechos de los prisioneros.

Esta acción se enmarca en el eje de fortalecimiento institucional del CJ y constituye una respuesta oportuna y concreta frente a las necesidades del Sistema de Rehabilitación Social, que debe precautelar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 

El Consejo de la Judicatura definió, en coordinación con la SNAI, que las cuatro unidades judiciales de garantías penitenciarias se encuentren ubicadas en las provincias Cotopaxi, Azuay, Manabí y Guayas.

Cada unidad contará con jueces, secretarios, ayudantes judiciales, un técnico de audiencias, un técnico de ventanilla de información y un gestor de archivo. Para ello, la Judicatura diseñó un plan de optimización de recursos y de talento humano.

Asimismo, se trabaja en la estructuración de programas y planes de formación y capacitación especializada en materia de garantías penitenciarias, dirigidos a los servidores que laborarán en estas dependencias.

Los recursos serán utilizados en adecuar las estructuras que requieren estas unidades y en la adquisición de equipos tecnológicos que permitan realizar las audiencias a través de videoconferencias.

Según el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, los jueces de estas unidades tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad.

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito), mediante boletín y foto con firma de su Dirección Nacional de Comunicación.