El Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó recientemente la creación de cuatro unidades judiciales especializadas en garantías penitenciarias, las cuales funcionarán en Latacunga (Cotopaxi), Cuenca (Azuay), Guayaquil (Guayas) y Portoviejo (Manabí), con el objetivo de precautelar los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL).

Este anuncio lo hizo la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado Sánchez, en rueda de prensa realizada el miércoles 4 de septiembre del 2019, evento al que también concurrieron el viceministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; el comandante general de la Policía, Nelson Villegas; y, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), Edmundo Moncayo.

Atraso de 11 años

Maldonado explicó que con la creación de estas dependencias termina una espera de 11 años para que se cumpla lo que establecen la Constitución de la República de 2008, el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que mandan crear unidades judiciales de garantías penitenciarias en las localidades donde se encuentran los centros de rehabilitación social.

Población privada de libertad

La presidenta del CJ explicó que las unidades judiciales creadas beneficiarán al 70 %  de la población penitenciaria de todo el país. Indicó que Guayas tiene más de 15.000 personas privadas de libertad, Cotopaxi más de 5.000, Manabí más de 1.700 y Azuay más de 2.000. 

Cada unidad contará con jueces, secretarios, ayudantes judiciales, técnicos de audiencia, técnicos de ventanilla y gestores de archivo. En total, serán 36 funcionarios los que laboren en estas dependencias. 

Obligación de los jueces

La consejera Maribel Barreno explicó que los jueces de garantías penitenciarias tienen la obligación de sustanciar lo que se relaciona con los derechos de las PPL en el cumplimiento de la pena. 

Indicó que el COFJ determina las situaciones jurídicas en las que los jueces deben intervenir, como por ejemplo: impugnaciones de cualquier decisión de autoridad competente referentes al régimen penitenciario; procesos relacionados al otorgamiento de regímenes (semiabierto y abierto); resoluciones sobre inmediata excarcelación cuando hayan cumplido la pena, entre otras.

“La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de una causa, como en la ejecución de lo decidido”, dijo la consejera Barreno. 

Compromisos CJ – SNAI

La presidenta y el director general del CJ, María del Carmen Maldonado y Pedro Crespo; y el director del SNAI, Edmundo Moncayo, además firmaron un convenio de cooperación para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. 

Por este convenio, que tiene una duración de dos años, el CJ asume varios compromisos, como: implementar los sistemas y equipos tecnológicos que permitan efectuar las audiencias por vía telemática; aprobar protocolos y mecanismos que garanticen el debido proceso en casos relacionados con garantías penitenciarias, entre otros aspectos.

El SNAI se compromete a adecuar salas de videoconferencias en los centros de rehabilitación social, para que las PPL comparezcan a las audiencias a través de medios electrónicos, asegurando el acceso a la justicia. Además gestionará el traslado oportuno de las PPL, desde los centros de rehabilitación social hasta las diferentes unidades judiciales, con la respectiva seguridad. 

Trato por buena conducta y por no adaptación

El director de la SNAI agradeció al CJ por la gestión ágil y oportuna en este tema. Manifestó que se respetará los derechos de las PPL que han observado buena conducta, pero también se iniciará la judicialización de quienes no se han adaptado al sistema de rehabilitación.

Mejorar seguridad de prisiones 

De su lado, el viceministro Pazmiño señaló que este acuerdo y la creación de las unidades judiciales de garantías penitenciarias permiten garantizar los derechos de las PPL y mejorar los sistemas de seguridad en los centros de rehabilitación social.

El Consejo de la Judicatura reconoce y admite que tiene como su segundo eje de gestión el fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales y en este contexto, se adoptan políticas que permitan construir justicia para la paz social.

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito), mediante boletín y foto de su Dirección Nacional de Comunicación.