El acueducto (tubo de acero) de 94 kilómetros de longitud, que transporta agua de río desde la represa La Esperanza, ubicada en el Cantón Bolívar, hasta el sitio El Aromo del Cantón Manta donde iba a construirse la Refinería del Pacífico, ha sido perforado clandestinamente para robar el agua y quedarla en algunos lugares a lo largo de su extensión, según comunicado de la Empresa Pública Aguas de Manta (EPAM) entregado a los medios de comunicación social.
Este acto doloso, a decir de la EPAM, disminuye mucho el caudal de agua destinado a las potabilizadoras de Montecristi, Manta y Jaramijó. En el caso de Manta, el perjuicio lo sufren directamente los usuarios de la Parroquia Urbana Eloy Alfaro, abastecida por la potabilizadora situada en la Parroquia Colorado del vecino Montecristi, donde termina un ramal del acueducto.
La EPAM atribuye al liquidador oficial del proyecto refinería, Christian García, el haber dicho que el robo de agua señalado está causando baja presión y falencias en la distribución del líquido vital destinado a los cantones precitados, además de insinuar que los autores del acto ilícito serían miembros de las comunidades humanas asentadas a lo largo de donde se halla el acueducto.
El gerente de la EPAM, Ángel Moreira, habría corroborado lo dicho por Christian García.
Detenido un sospechoso
Un segundo comunicado de la EPAM informa que Christian García, el liquidador del proyecto refinería, la puso al tanto de que un hombre fue sorprendido en delito fragante cuando perforaba indebidamente el acueducto, y que fue detenido y puesto en manos de la Fiscalía General del Estado. La información no revela la identidad del sospechoso ni el sitio donde habría sido sorprendido cometiendo el delito.
De acuerdo al comunicado de la EPAM, el propio García habría advertido que las perforaciones clandestinas en el acueducto están contempladas como un delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), pues, a más de ser un atentado al bien público, causa un enorme perjuicio a los usuarios de un servicio básico. De acuerdo a ese mismo cuerpo legal, este delito conlleva pena privativa de libertad, entre 6 meses a 2 años continuos, según la gravedad del hecho.
El comunicado de la EPAM añade que García habría solicitado a la Fiscalía investigar otros casos parecidos que se han detectado a lo largo de los 94 kilómetros que tiene el acueducto.
REVISTA DE MANABÍ 