José Risco Intriago*/MANTA, 09-30-19
La reunión fue convocada para evaluar el comportamiento de la Ley de Fomento Productivo expedida en el año 2018, pero terminó con la conclusión unánime de que, en general, las leyes ecuatorianas son incumplidas por los funcionarios públicos responsables de aplicarlas, tanto del Gobierno nacional cuanto de los gobiernos seccionales; matizando que el incumplimiento es consecuencia de ignorar la existencia de cada nuevo cuerpo legal -ignora el público y los funcionarios- por falta de divulgación suficiente y adecuada.
El acto tuvo lugar hoy, lunes 30 de septiembre del 2019, en el Salón Balandra del hotel de igual nombre, en la ciudad de Manta. Fue un taller organizado por la Subcomisión de la Asamblea Nacional ecuatoriana para la evaluación de la Ley de Fomento Productivo, con apoyo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y la Fundación Hanns Seidel Ecuador. La dirección del taller estuvo a cargo de los asambleístas de la República Fernando Burbano (presidente de la Subcomisión citada), Karina Arteaga y Guillermo Celi, estos dos últimos elegidos por la provincia de Manabí.
Concurrieron, previamente invitados, representantes o delegados de ATUNEC (Asociación de Atuneros del Ecuador), Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, CEIPA (Cámara Ecuatoriana de la Industria Pesquera Atunera), gremios de la industria turística, Cámara de Comercio de Jipijapa, Cámara de Agricultura de la II Zona, gremios de acuicultores, ULEAM (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí), UTM (Universidad Técnica de Manabí), organizaciones de Participación Ciudadana, organizaciones cívicas, organizaciones barriales, organizaciones de profesionales académicos y la coordinadora zonal 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería).
El asambleísta Burbano condujo acertadamente la reunión, creando un clima de confianza y empatía que animó el debate y dio pie a unos parlamentos francos y contundentes, como el de Gustavo Núñez, presidente de CEIPA, que alertó acerca de las amenazas que se ciernen sobre el sector atunero, proclive a desaparecer si el Estado no acude pronto y eficazmente en su ayuda. Dijo que la Ley de Fomento les ha servido de poco, porque las entidades financieras del Estado ponen muchas trabas a la hora de conceder los créditos, pese al mandato legal.
Plutarco Bowen, del sector turístico, y Rommel Morán, de la Cámara de Comercio de Jipijapa, fueron también duros con los funcionarios públicos que hacen tabla rasa de las leyes llamadas a fomentar, pero que, en la práctica, sirven muy poco, ya sea por ignorancia o mala fe de aquellos servidores. Parecidos criterios formularon otros debatientes que representan a sectores productivos.
Los representantes de las organizaciones de la ciudadanía apuntaron su artillería de palabras a reclamar promesas oficiales incumplidas, la desconocida actuación de ciertos asambleístas elegidos por Manabí, o la menor atención que les presta el Estado en comparación con la que brinda a los grupos empresariales más grandes del país. Exhortaron a ser tomados en cuenta en igualdad de condiciones, porque sin la participación de la gente (obreros, oficinistas, choferes, conserjes, técnicos, etc.) no hay producción ni empresas.
Impresionados por las espontáneas y convincentes exposiciones de los invitados, los asambleístas Burbano y Celi hicieron el compromiso de convocar a próximas reuniones, pero añadiendo en ellas la presencia de los funcionarios del Gobierno que corresponda en cada caso, para esclarecerlo in situ y empeñarse a dar solución inmediata a los problemas de los contribuyentes. Karina Arteaga complementó, diciendo que esos funcionarios gubernamentales “no aterrizan en territorio” y por eso desconocen los padecimientos de los actores productivos.
En resumidas cuentas, la “Ley Orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal” es positiva en su intención y en muchas de sus disposiciones, pero es insuficiente en algunos aspectos, como el tratamiento de la remisión de deudas con las instituciones del Estado. Además, su reglamento fue habilitado tardíamente (6 meses después de la promulgación de la Ley) y muchos la han desaprovechado por desconocer su existencia al faltarle publicidad resumida, clara y puntual.
REVISTA DE MANABÍ 