Al fin, ocurrió lo que era inminente. El Gobierno ecuatoriano, presionado por las movilizaciones populares generalizadas en todo el país, así como por las fisuras en la armonía social y los ingentes daños que la convulsión causó a la economía nacional, se sentó a dialogar con los representantes más prominentes de las protestas públicas y acordó con ellos derogar el conflictivo Decreto Ejecutivo 883 que suprimía el subsidio estatal a los combustibles, reemplazándolo con otro consensuado entre las dos partes y direccionado a que la eliminación del subsidio solo toque a los contrabandistas de los carburantes.
Con esto se desactivó la protesta pública que durante 11 días mantuvo en vilo al país, obligando a una paralización casi total de sus actividades. Pero para llegar a la distensión fue necesaria la mediación de la Iglesia Católica y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante su representación en Ecuador encabezada por Arnaud Peral.
El diálogo, instalado en Quito a las 17h45 de ayer, domingo 13 de octubre del 2019, fue bastante tenso en un principio, pero respetuoso. El presidente Lenin Moreno Garcés no pudo disimular el tufo de arrogancia que evidenciaban algunas de sus palabras, sobre todo cuando sostenía que su decisión de quitarle el subsidio a los combustibles era inamovible porque, según sus “principios”, con ello se lograría impedir el enriquecimiento ilegal de contrabandistas y el privilegio a personas ricas. En ese momento daba la impresión de que el diálogo sería inútil.
Sin embargo, los líderes de las nacionalidades indígenas (ecuatorianos autóctonos) cuya población mayoritaria se dedica a la agricultura y la ganadería, se expresaron con calma y lucidez para razonar el motivo de sus protestas callejeras, haciendo hincapié en que el alza del precio de las gasolinas y el diésel golpean duramente a la clase trabajadora, particularmente a la que vive en los páramos andinos, que es la menos favorecida del Ecuador a pesar de su gran contribución a la vida del país. Fueron elocuentes las exposiciones de Jaime Vargas, presidente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador); de Leonidas Iza, vicepresidente de ese organismo; de Abelardo Granda y de Amelia Cisneros.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, echó mano a una retórica poco convincente para defender la eliminación de los subsidios a los combustibles, evidenciando con sus argumentos y el tono de su voz, que es su opinión la que prevalece en las decisiones del presidente de la República. Algo parecido se notó después del receso del diálogo transmitido al instante por cadena nacional de televisión. El secretario general de la Presidencia, Juan Manuel Roldán, habló en tono amenazante para insistir en que el Gobierno usará mano fuerte contra quienes la Policía, el Ejército y el propio Gobierno consideren autores y actores de las revueltas y los hechos violentos.
Hasta el momento de escribir esta información (12h00) aún era desconocido si ya estaba listo el nuevo Decreto Ejecutivo que sustituya al 883, pero sí se había ratificado la derogatoria de este último y la culminación del Estado de Excepción y el Toque de Queda en todo el territorio ecuatoriano.
REVISTA DE MANABÍ 