Parece contradictorio que el Gobierno diga, por un lado, que quiere promover la producción nacional que crea puestos de trabajo remunerado; y, por el otro, encarezca el diésel utilizado en la pesquería, la acuacultura, la agricultura y otras actividades económicas de amplio empleo.

José Risco Intriago* / Manta / 14-10-19

El Gobierno ecuatoriano erró y dio pábulo a las movilizaciones populares en contra del Decreto Ejecutivo 883 que disponía suprimir el subsidio estatal a los combustibles y con ello elevar su precio de consumo. Era previsible que con este ajuste económico mucha gente no estaría conforme y protestaría. Hubo equivocación al pretender endosar a las clases asalariadas el mayor peso del ajuste, peor aún en un momento en que la economía del país muestra signos de recesión, con un altísimo nivel de precariedad laboral y bastante desempleo. La reacción no podía ser menos que multitudinaria y violenta, porque el paquetazo cayó a golpe y porrazo.

Cualquier persona se da cuenta de que la subida del precio de los combustibles encarece todos los productos y servicios de uso común, y que este encarecimiento perjudica directamente y en mayor proporción a las grandes mayorías que viven solamente de un empleo exiguamente remunerado y, peor todavía, a los que están subempleados o sin empleo. A diferencia, la gente dueña de medios de producción y servicios (haciendas, industrias, comercios, transportes, hoteles, etc.) traslada el encarecimiento -y con creces- a los consumidores, que mayoritariamente son también los asalariados, pensionistas y desempleados.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicaba en el diálogo con la dirigencia indígena, que la supresión del subsidio a los combustibles era para quitarle un privilegio a los adinerados y dárselo a los más pobres. Pero no reparó en que, con la subida de precios, esa dádiva quedaba en nada.

El Gobierno arguye que su intención era evitar que el subsidio estatal favorezca a contrabandistas, productores de drogas prohibidas, y, en general, a las personas adineradas. Pero los contrabandistas de alto vuelo son pocos y el Gobierno ha de conocerlos y puede frenarlos directamente. De lo que es público y notorio, los que contrabandean en las fronteras terrestres suelen ser micros y pequeños comerciantes, pero no ricos. Y si el Gobierno afirma que también se benefician del subsidio los productores de cocaína, es porque tiene conocimiento de ello y de cómo operan; así que también puede contrarrestarlos con las fuerzas policiales y militares, que en estos casos sí deben actuar con suma contundencia.

Parece contradictorio que el Gobierno diga, por un lado, que quiere promover la producción nacional que crea puestos de trabajo remunerado; y, por el otro, encarezca el diésel utilizado en la pesquería, la acuacultura, la agricultura y otras actividades económicas de amplio empleo.

Algunos creen que el subsidio estatal a los combustibles es un “regalo” dadivoso del Estado a las clases populares, pero ignoran que el Estado es solo la representación formal de la población de un territorio que se llama país y que, en consecuencia, es esa población, con sus contribuciones, la que se otorga a sí mismo el beneficio. Y las clases populares, siendo mayoría en el país, son los mayores aportantes al Erario nacional, ya que ninguna empresa -por más grande o poderosa que parezca- sería nada sin el concurso de la fuerza laboral y consumidora. Es decir, cuando se habla de que tal o cual empresa pagó o debe pagar tanto al SRI, en realidad no son solo los accionistas y directivos de esa empresa los que pagan, sino la suma de ellos y la masa de trabajadores y consumidores que le dan vida.

Tal vez alguien aduzca que una gran parte de los ingresos del Estado provienen de la explotación petrolera y minera a cargo del propio Estado, pero no debe olvidar que los recursos naturales pertenecen a todos los ciudadanos del país por igual. Lo mismo puede decirse de la explotación pesquera y camaronera: estos recursos naturales pertenecen al conjunto de la población, y las empresas privadas solo usufructúan de su tarea de extraer, transportar, procesar y comercializar. Y esto también se aplica al recurso agua y a todos los demás recursos naturales sometidos a explotación económica.

Es necesario señalar que las protestas callejeras no solo fueron de los transportistas y comunidades indígenas. Los primeros las iniciaron y los segundos fueron los abanderados indiscutibles, pero el clamor por la derogación del Decreto Ejecutivo 883 se generalizó en todas las clases sociales media y baja del país. Esto fue público y muy evidente. También es imprescindible reconocer que los indígenas, los más agraviados por el autoritarismo de la década correísta, son los que menos tendrían interés en hacerle el juego a las huestes del expresidente.

* Director de REVISTA DE MANABÍ
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