Revelaciones de la presidenta del Consejo de la Judicatura durante un tele diálogo con otros actores judiciales de Colombia y Perú.
La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ) del Ecuador, María del Carmen Maldonado, participó en el Diálogo Técnico Regional “Manos a la obra: soluciones colectivas para la toma de decisiones frente a la violencia intrafamiliar en la Región Andina”. Ocurrió el viernes 8 de mayo del 2020, mediante video llamada internacional colectiva.
El diálogo fue organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se realizó con la participación de autoridades del sector justicia, de la academia y de organizaciones civiles de Ecuador, Colombia y Perú. El objetivo fue analizar alternativas que permitan prevenir, atender y mitigar el aumento de la violencia intrafamiliar en América Latina y el Caribe, durante la pandemia de la COVID-19.
La presidenta del CJ explicó que, durante la emergencia sanitaria, en el Ecuador se mantiene la atención y juzgamiento de los delitos y contravenciones flagrantes de tránsito, penal, adolescentes infractores, violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.
Explicó que a escala nacional están operativas 250 unidades judiciales, de las cuales 164 atienden casos flagrantes de violencia intrafamiliar. “Más de 113 juezas y jueces están destinados a la atención y el acompañamiento de las víctimas”, señaló.
La doctora Maldonado indicó que, entre el 16 de marzo y el 30 de abril, se despacharon 634 casos de este tipo, de los cuales 500 corresponden a contravenciones y el resto son delitos de violencia física, psicológica, femicidio, tentativa de femicidio, violación y abuso sexual.
Mencionó que se automatizó la solicitud y entrega inmediata de medidas de protección administrativas y penales para las víctimas de violencia. Además, indicó que el año pasado se firmó el “Acuerdo Nacional 2030 por una Vida Libre de Violencias”, iniciativa del Gobierno nacional para fortalecer los servicios de atención y protección para quienes sufren esta clase de agresiones.
Destacó también la implementación de video audiencias domiciliarias para los operadores de justicia de las provincias con mayor incidencia de la COVID-19; y, video audiencias en salas diferenciadas de las dependencias judiciales en las provincias con menor impacto de la pandemia.
Finalmente, la doctora Maldonado enfatizó en que todas las acciones del CJ se enmarcaron en su cuarto eje de gestión: Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
“Seguimos trabajando en este compromiso ineludible de precautelar la integridad física, sexual y psicológica de nuestras mujeres”, concluyó.
Diego Arisi, especialista en Modernización del Estado del BID, reconoció las acciones desarrolladas por Ecuador en esta temática. Señaló que es necesario destacar las medidas desarrolladas por la Función Judicial de nuestro país, durante la emergencia sanitaria, para garantizar el servicio judicial a las víctimas de violencia.
REVISTA DE MANABÍ 