El Gobierno de la Justicia ecuatoriana rindió cuentas de su gestión en 2019

A tono con la presente época de pandemia, el Consejo de la Judicatura del Ecuador echó mano a la telemática para su informe de cuentas./ CJ

Poniendo énfasis en su objetivo de fomentar la transparencia y promover la evaluación de todas las acciones que buscan consolidar la institucionalidad de la Función Judicial, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) del Ecuador presentó, el día miércoles 16 de septiembre del 2020, el informe de su gestión cumplida durante el año 2019. 

La Judicatura es el órgano de gobierno de la Función Judicial ecuatoriana, pero de acuerdo con la ley no interfiere las decisiones judiciales propiamente dichas. Es decir que los jueces tienen absoluta independencia para actuar en Derecho y hacer valer la justicia.

A la rendición de cuentas, desarrollada vía internet, concurrieron: la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado Sánchez; los vocales Maribel Barreno, Jorge Moreno, Juan José Morillo y Fausto Murillo Fierro; además del director general, Pedro Crespo. También concurrieron directores nacionales y provinciales, así como autoridades de otras entidades de la Función Judicial.

La Rendición de Cuentas del CJ inició con el informe del órgano nacional a través de la plataforma ZOOM; y, mediante transmisiones por Facebook Live, las direcciones provinciales de todo el país han presentado, entre miércoles y jueves de la presente semana, sus respectivos informes territoriales de 2019.

En lo que corresponde al órgano nacional del CJ, su presidenta explicó que -durante el 2019- el pleno de la institución efectuó 101 sesiones y adoptó 203 resoluciones normativas, para garantizar el acceso de la ciudadanía al servicio de justicia en el marco de los cuatro ejes de gestión institucional y del Plan Estratégico de la Función Judicial.

Lucha contra la corrupción

En este eje, Maldonado ratificó el compromiso del CJ en la “lucha indeclinable” contra la corrupción y destacó acciones como el trabajo desarrollado con el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea (PAcCTO) y la elaboración de la “Guía de lucha contra la corrupción y delincuencia organizada”. 

Recordó además que el CJ presentó observaciones al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que se tramita en la Asamblea Nacional y planteó la creación de unidades judiciales especializadas de Lucha Contra la Corrupción y Crimen Organizado.

Asimismo recordó, que el CJ solicitó ante los organismos competentes la investigación de proyectos y procesos, como el denominado Justicia 2.0 que presume un perjuicio de alrededor de 23 millones de dólares para el Estado; y la construcción del Palacio de Justicia de Cuenca, en el cual existió un anticipo no amortizado.

De igual forma mencionó que, en el mismo año, se identificaron 233 contratos con presuntas irregularidades y se solicitó a la Contraloría General del Estado realice exámenes especiales a la construcción de los complejos judiciales Quito Norte, Quitumbe, Otavalo, El Empalme y Durán.  

Fortalecimiento institucional

La presidenta del CJ resaltó la evaluación integral a la Corte Nacional de Justicia, que se cumplió bajo un nuevo modelo que, además de parámetros cuantitativos y cualitativos, incorporó criterios de legitimidad y transparencia. De 36 jueces y conjueces evaluados, solo 13 superaron este proceso y el CJ debió, de acuerdo con el marco legal vigente, nombrar 26 conjueces temporales.

En cuanto a capacitación, se incrementó el número de participaciones de personas vinculadas al sector justicia. En el año 2018 fue de 39.241 y en el 2019 fue 126.897. 

También se impulsó la especialización judicial, con la implementación de la justicia juvenil restaurativa. En este marco se capacitó a 367 personas, entre operadores de justicia, personal de la SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores) y de la Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes).

Respecto de la tecnificación del sistema judicial, Maldonado resaltó la puesta en marcha del trámite web, del expediente electrónico y la implementación de la fase 1 de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer.

De la misma forma, el CJ dispuso acciones para el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado y de la Defensoría Pública. Entre ellas, la delegación de competencias para que se concedan nombramientos administrativos provisionales y autorizaciones de comisiones de servicio.

Además, se amplió la cobertura judicial con la designación de 63 jueces y 24 defensores públicos. También se incrementaron 22 jueces de paz y hoy se cuenta con 414 en todo el país. Ellos atendieron 1.958 casos relacionados con deudas por obligaciones patronales, conflictos de convivencia vecinales, entre otros.

En esta misma línea, y para promover la cultura de paz, se impulsó la mediación. Se atendieron 301.251 causas, se convocaron 54.554 audiencias y se lograron acuerdos en el 92 % de las audiencias instaladas.

Otros hitos alcanzados en 2019 fueron la creación de unidades judiciales de Garantías Penitenciarias en las provincias con la mayor población de personas privadas de libertad, hecho con el cual se cumplió un mandato constitucional ignorado por 11 años; y, la firma del contrato para la reconstrucción del Palacio de Justicia de Portoviejo.  

Independencia judicial con control disciplinario

La presidenta del CJ señaló que el actual Consejo de la Judicatura, desde su posesión el 29 de enero del 2019, ha ejercido sus competencias y atribuciones constitucionales y legales respetando siempre la independencia judicial y las garantías básicas del debido proceso.

“Somos respetuosos de la independencia judicial; ninguna otra autoridad administrativa ha respetado tanto la independencia judicial como este Consejo de la Judicatura”, señaló Maldonado, quien informó que, a diciembre de 2019, se resolvieron 946 expedientes disciplinarios, incluidos más de 560 que estaban a punto de prescribir y que fueron heredados de administraciones anteriores.  Fueron destituidos 77 servidores, entre jueces, fiscales, defensores públicos, notarios y otros servidores administrativos. 

Investigación y sanción en casos de violencia sexual

Como parte de este eje, Maldonado se refirió a la implementación de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y destacó entre otras acciones la incorporación de 396 servidores (17 jueces, 39 secretarios, 144 ayudantes judiciales y otros 13 funcionarios) que atienden de manera integral a las víctimas de agresiones. 

Adicionalmente se crearon siete unidades judiciales especializadas contra la violencia: en Tena, Morona, Azogues, Lago Agrio, Francisco de Orellana, El Carmen y Santa Cruz, además de fortalecerse las existentes.

Reinstitucionalización de la Función Judicial

Maldonado subrayó que la reinstitucionalización de la Función Judicial avanza a paso firme. Precisó que el Consejo de la Judicatura actúa en el marco de la Constitución de la República, bajo los principios de ética, integridad, transparencia y objetividad, y continuará construyendo un servicio de justicia para la paz social.   

“Ha sido un caminar arduo, pero vamos a seguir haciéndolo con compromiso”, señaló Maldonado, quien expresó su agradecimiento a todas las personas servidoras judiciales, que con su trabajo han permitido ir transformando el servicio judicial en beneficio de la ciudadanía.

En el mismo sentido se pronunció el director general del CJ, Pedro Crespo, quien también expuso las acciones desarrolladas durante 2019 para el cumplimiento de la misión encomendada a la institución, pese a las limitaciones y recortes presupuestarios impuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

FUENTE: Boletín y fotos proporcionados por la Dirección Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura del Ecuador (Quito).