El jefe en funciones del Gobierno provincial de Manabí (Ecuador), Leonardo Orlando Arteaga, está distrayendo una buena parte de su tiempo en defenderse de la empresa constructora Ranicor que ha pedido la destitución del primero. Es un conflicto legal que enfrenta a las dos partes, luego de que Orlando dispusiera la terminación unilateral de un contrato de obra que la constructora había firmado con el anterior jefe del Gobierno de Manabí, Mariano Zambrano Segovia.
Orlando considera que dicha empresa ha incumplido gran parte de lo que reza el contrato, perjudicando de manera significativa los intereses públicos de Manabí. El perjuicio más grande, según ha dicho el prefecto, es haber cobrado por el tendido de ocho (8) kilómetros de tuberías que no existen. Pero la constructora ha respondido con argumentos que contradicen al primero y que ha difundido a través de medios de comunicación colectiva, ahondando la conflictividad al haber echado mano a una batalla judicial cuyo primer efecto es la medida cautelar que ordena la destitución de Orlando de la función de prefecto o jefe del Gobierno provincial de Manabí.
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Así las cosas, el prefecto manabita no tiene más que asumir su defensa jurídica y demostrar ante los tribunales que Ranicor ciertamente ha perjudicado a la provincia de Manabí y que el fallo judicial de marras, iniciado en primera instancia, es inconstitucional y por lo tanto improcedente, como sostiene el asesor jurídico del Gobierno de la provincia.
En ese tira y afloja que se ha armado a propósito del conflicto, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, se ha desplazado recientemente a Quito para anteponer recursos de amparo en el Consejo de la Judicatura y en la Corte Constitucional, además de exponer su caso en una sesión del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador (CONGOPE).
Su periplo en la capital del país fue recogido en un audio-video realizado por personal de comunicación pública del Gobierno provincial manabita, que al inicio muestra la presentación de los recursos legales a cargo del asesor jurídico de esa entidad, Joel Alcívar, y un poco más adelante la argumentación del prefecto Orlando en el pleno del CONGOPE.
A más de sus gestiones en Quito, el prefecto tuvo que ir a la provincia de Los Ríos en cuyo Cantón Puebloviejo radica la sentencia judicial mencionada. Ha ido allá para contravenir ese fallo y buscar respaldo en su colega político, el prefecto de Los Ríos, Jhonny Terán, con quien -de paso- en Babahoyo firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional entre los dos gobiernos provinciales, cuyo objetivo es ampliar la interconexión vial entre los dos territorios y otras provincias vecinas.
«La hermandad de los pueblos de estas dos provincias no tiene límites», dijo el prefecto Orlando, mientras explicaba los beneficios de esta alianza que tiene entre sus objetivos mejorar la conectividad vial y desarrollar nuevos proyectos de integración entre ambas provincias.
A su vez, el prefecto riosense Jhonny Terán también celebró la suscripción del acuerdo marco y expresó apoyar a su homólogo manabita en el diferendo de este con la Constructora Ranicor.
«Estamos seguros que esto se va a subsanar y se va a devolver la calma, porque esto no tiene asidero jurídico. Aquí en Los Ríos estamos con usted (Leonardo Orlando)», expresó el prefecto Terán.
Ese mismo día, jueves 28 de enero del 2021, hubo en Puebloviejo una ruidosa manifestación pública enfrente del edificio que aloja el despacho del juez Ángel Tapia, autor del fallo que ordena la destitución del prefecto Orlando.
Indignados, y flameando la bandera de Manabí, los manifestantes a viva voz hicieron sentir su respaldo a la gestión del dignatario manabita, advirtiendo que seguirán luchando a brazo partido por la defensa de los recursos asignados para la construcción del Sistema de Riego San Agustín, motivo de la disputa legal, y que se desarrolla en la zona rural de los cantones Sucre y Tosagua a un costo de unos 14 millones de dólares norteamericanos.
«No vamos a permitir que la corrupción se nos lleve un solo dólar más», expresó José Zambrano, de la comunidad Larrea, una de las 14 beneficiarias de este proyecto contratado en la administración del ex prefecto Mariano Zambrano.
Fausto Avilés y José Intriago, alcaldes de Olmedo y Junín (respectivamente), también se hicieron presentes en este punto y expresaron a los medios de comunicación que se encontraban respaldando la gestión del prefecto Leonardo Orlando Arteaga.
Asimismo, Yandri Bazurto, presidente de la CONAGOPARE (Confederación Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador), expresó: «No permitiremos ni un acto más de injusticia contra Manabí».
FUENTES: Gobierno provincial de Manabí (Portoviejo, Ecuador), mediante boletines, foto y audio-video remitidos a REVISTA DE MANABÍ por Isabel Intriago Morán, comunicadora pública para ese organismo estatal.- Archivos RM.
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