Por Pedro Pablo Jijón Ochoa*

He mantenido siempre mi opinión de que la riqueza de los países de Latinoamérica no está en el subsuelo, en el caso de minerales y petróleo. La verdadera riqueza está a flor de suelo; esta es la producción agropecuaria.

En el caso de Ecuador, productos de origen agrícola y piscícola, como cacao, banano, flores, camarón, dan gran cantidad de mano de obra, dinamizan la economía y generan gran movimiento financiero por exportaciones, operaciones portuarias, transporte, venta de insumos, tanto o más que el petróleo. Es decir, la explotación agropecuaria y piscícola es de importancia fundamental para la economía del Ecuador.

Invito al lector a recorrer el agro del Ecuador profundo y conversar con los que hacemos explotación agropecuaria, departir un día de nuestras labores de campo y ver de cerca nuestras necesidades. Sabrán entonces que toda la operación productiva agropecuaria, desde siempre, tiene un gran problema, que es la comercialización. Grandes esfuerzos financieros y operativos para producir y mantener un cultivo hasta la cosecha, para caer en manos de la letal intermediación y de algunos industriales, quienes por su poder financiero pagan precios que muchas veces no reflejan ni los costos de producción.


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A mediados del año 2012 un grupo de líderes de la Cuenca Baja del Guayas, reunido en la ya mítica Hacienda Voluntad de Dios, de don Salim Montenegro, analizaba y buscaba soluciones para los problemas causados por el ataque de la intermediación al pagar precios bajos por arroz, maíz, cacao y café, lo que estaba causando quiebra financiera entre los pequeños y medianos productores. Nace allí la idea de crear un ente de Estado para absorción de cosechas, para así regular precios frente a la intermediación; propuesta que fue presentada y aceptada por organismos estatales, dando surgimiento a la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA-EP – Empresa Pública) mediante decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial No 16 del 17 de junio del 2013.

La UNA-EP se constituye como sociedad de derecho público, con personería jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, administrativa y de gestión; tendrá a su cargo el desarrollo y fortalecimiento de los servicios de almacenamiento y comercialización de productos agropecuarios, administración de la reserva estratégica de los mismos y la comercialización y distribución de insumos. Así lo ha venido haciendo y, entre errores y aciertos, ha cumplido con su cometido.

Hoy el sector agropecuario ecuatoriano enfrenta otra dura batalla frente a grupos de poder financiero y político, que ven en la comercialización de productos agropecuarios un oportunismo comercial, como siempre, dejando en indefensión a los pequeños y medianos productores que soportan la carga financiera y con su trabajo subsidian a estos grupos, quienes declaran que la UNA-EP es ineficiente y debe cerrar sus operaciones.

Percibo un claro afán de apropiarse de estas estructuras de silos, equipos, vehículos, para así operar con ellos comprando cosechas siempre con bajos precios y sin costo de inversión en estas estructuras.

Sugiero que el ente rector debe defender y  someter a la UNA-EP a una reingeniería total de sus operaciones, pasando por calificación de sus funcionarios, mejora en los análisis de laboratorio, optimización en recepción de cosechas, que el  pago sea de manera inmediata por transferencia a las cuentas bancarias de los productores.

La UNA-EP debe también ser proveedor de la industria y de  instituciones del Estado como repartos militares, hospitales, y encargarse de exportación de maderas finas como la teca que hoy por hoy es manejada por grupos extranjeros que pagan ínfimos precios por ella.

* Pedro Pablo Jijón Ochoa es ingeniero comercial residente en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador. Es director ejecutivo de la empresa Asesoría a Organizaciones Agrícolas Productivas (ASESORAP): asesorapecuador@gmail.com

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