Tras presunta ilegalidad en caso alcalde de Quito, Judicatura ordenó auditar sorteos judiciales del país

La orden fue dispuesta por la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. / FOTO: CJ

La defensa que hace Jorge Yunda, alcalde de Quito (Ecuador), para conservar el mandato que le confirió el pueblo a través de las urnas, ha despertado suspicacias en quienes son opuestos a él, consiguiendo salpicar ciertos actos administrativos de una dependencia judicial donde se tramita un recurso de amparo interpuesto por el mandatario municipal.

Los opositores de Yunda suponen que hubo irregularidades en el sorteo de las acciones constitucionales invocadas por la defensa legal del alcalde para sostenerlo en el cargo, suposición que, al trascender públicamente, ha motivado a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado Sánchez, a disponer una auditoría interna del proceso de sorteo de causas en todas las ventanillas judiciales de cada provincia del país.

Esa disposición se dio mediante oficio dirigido a los 24 directores provinciales del Consejo de la Judicatura, precisando que la auditoría se efectúe por muestreo, alertas y denuncias ciudadanas. Puntualmente les pide priorizar el análisis por muestreo en los procesos de asignación de causas.

Maldonado justifica la decisión suya expresando que estas acciones se enmarcan en las atribuciones legales de la presidenta, contenidas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y en el Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura.

Tal auditoría, detrás de las ventanillas judiciales que hay en las 24 provincias ecuatorianas, fue ordenada después de que se conocieran presuntas irregularidades en el sorteo de las acciones constitucionales presentadas por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, a quien una mayoría concertada de concejales intenta desalojar de la Alcaldía.

La presidenta de la Judicatura ha explicado que el sistema informático de sorteo posee todas las seguridades del caso y que no ha sido vulnerado; supone, por tanto, que las anomalías se habrían ejecutado en el ingreso de los datos en el sistema.

FUENTE: Comunicado y foto de la Dirección Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura, Quito, Ecuador.