Una jueza de Quito (Ecuador) que conocía un caso de presunto delito de delincuencia organizada, en el que se halla imputado el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, fue suspendida de sus funciones después de que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha encontrara “manifiesta negligencia” en lo actuado por la referida funcionaria. La suspensión fue decidida por la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado Sánchez.
La medida preventiva fue dispuesta el martes 26 de julio del 2021 y sanciona a Verónica M., jueza de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, provincia de Pichincha.
Según el informe que sustenta esa medida disciplinaria, la jueza indicada declaró el Auto de Nulidad por una posible vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, en el caso del presunto delito de delincuencia organizada.
A decir de la Judicatura, la suspensión busca, además, precautelar el servicio de justicia, en especial en los trámites y procesos judiciales a cargo de la servidora judicial sancionada y que deben ser atendidos con la debida diligencia, eficiencia, probidad, honestidad y correcta actuación.
Adicionalmente, la máxima autoridad de la Judicatura dispuso revisar todas las acciones de los abogados que son parte del caso en mención.
Investigación interna
El Consejo de la Judicatura está analizando los hechos que, presumiblemente, determinan la existencia de una infracción disciplinaria de la servidora judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial.
Este caso, de conformidad con la sentencia No. 3-19-CN/20, de 29 de julio del 2020, dictada por la Corte Constitucional, cuenta con la Declaratoria Jurisdiccional Previa de autoridad competente, que halló “negligencia manifiesta” en lo actuado por la jueza susodicha; y, en consecuencia, el Consejo de la Judicatura actuará en apego a sus facultades.
Los procesados del “caso Bucaram” son acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestas irregularidades en la comercialización de 21 mil pruebas de diagnóstico para la detección de la COVID-19.
Sanción similar a juez de Arenillas
La presidenta del Consejo de la Judicatura también ha sancionado, con una medida preventiva de suspensión, a Guido V., juez de la Unidad Judicial Multicompetente de la ciudad de Arenillas (provincia El Oro), porque presuntamente actuaba como abogado en libre ejercicio mientras ostentaba el cargo de juez. La medida adoptada por la máxima autoridad del CJ se basa en una investigación efectuada por la Dirección Nacional de Transparencia.
Según el informe, se presume que el servidor judicial suspendido también recibió pagos en sus cuentas bancarias. Esta infracción disciplinaria se configura como gravísima, de acuerdo al artículo 109, numeral 6, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
Una vez seguido el debido proceso, la presidenta de la Judicatura, en uso de sus facultades y enmarcada en el eje de acción institucional de Lucha contra la Corrupción, decidió suspender las funciones del juez mencionado. La medida incluye la suspensión de la remuneración del servidor judicial y tendrá vigencia máxima de tres meses, mientras se ejecutan los procesos disciplinarios correspondientes.
FUENTE: Comunicado y foto de la Dirección Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura, Quito, Ecuador.
REVISTA DE MANABÍ 