¿Por qué apresan a los presidentes? (2) Ahora van por Moreno, del Ecuador

El juicio penal iniciado al ex presidente ecuatoriano Lenin Moreno Garcés, ya con fecha de audiencia para formular cargos, obliga a REVISTA DE MANABI a poner en vigencia, por segunda ocasión, el versado artículo del jurista Víctor Arias Aroca: “¿Por qué apresan a los presidentes?” Para esto, su autor se ha esmerado en revisar algunos conceptos sobre Derecho penal y constitucional, actualizando el tema. Lo consideramos válido para el interés de nuestros lectores, y lo ponemos a su consideración como un aporte para que se pongan al día en este asunto.

Este contenido es parte de REVISTA DE MANABÍ

Por Víctor Arias Aroca *

La determinación de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, de llamar a formulación de cargos penales en contra del ex presidente Lenin Moreno, obliga a actualizar mis conceptos que ya estaban sustentados en el artículo ¿Por qué apresan a los presidentes?

Más. El repentino llamado a audiencia, renueva mis preocupaciones acerca del sistema penal del Ecuador y sus repercusiones. Es la estructura primaria de los conceptos con que se hicieron las leyes en el presente siglo y se modificaron las ya existentes, lo que puso a la clase política al filo del abismo.

Ella no pudo darse cuenta que, al desplazar el método de organización del Estado y reemplazarlo por otro, aparentemente mejor, se infringió un daño mayor, pues ingresó a un mar de inseguridad jurídica, ahora, abierto con todas sus tormentas.

El cambio de sistema del antiguo Estado social de derecho, al Estado constitucional de derechos y justicia, salió al revés. La justicia, bajo el pretexto de combatir la corrupción, fue puesta al servicio del poder de turno, por una parte; y, por otra parte, al tratar de adaptar las nuevas leyes al nuevo método, se aflojaron las clavijas y la música fue triste.

Era muy difícil de imbricar 26 mil leyes y muchos decretos con fuerza de ley, al nuevo orden constitucional; por eso es obvio que se produjeran incongruencias.

Efectivamente, los procesos ya no tardan demasiado; se despachan y avanzan. Lo que no se ve con certeza es el espíritu de justicia, cuya ausencia se quería corregir con la justicia constitucional que también salió con sorpresas como las momias de Egipto y ha sido utilizada para liberar sentenciados y otorgar habeas corpus al margen de todo precepto de racionalidad.

Nunca en la vida política de América ha habido un número tan grande de políticos enjuiciados por la justicia penal. Nunca. Y, menos, que esa colonia penal estuviera integrada por presidentes y vicepresidentes. Esto tiene una explicación. Los presidentes, de quienes se presume son gentes superiores y de un nivel moral más o menos apreciable, estaban protegidos por el sistema anterior. Al igual que los legisladores de todas las naciones, por un principio denominado inmunidad, que impide que a tales dignatarios se los enjuicie por alzar la voz, o porque se perdió el tintero presidencial. ¡Ojo!: otra cosa son delitos y apropiación indebida de bienes y fondos del Estado. Eso es otra cosa.

Entonces, con esa reforma imprecisa e inocua, se perdieron esos valores de la democracia y el Ministerio Público (así se llama en todas partes del mundo) inicia sus investigaciones hasta por razones pueriles (está obligado a hacerlo); y, cuando inicia una causa penal, usted sabe cuándo empieza, pero no sabrá nunca el día que deba terminar.

Es decir, se pone en peligro la seguridad y la libertad de un hombre ante la sola iniciación de la indagación, si es que acaso, de primera, el juez de la causa no le ha dictado prisión, de primera mano. Las naciones que adquirieron este método son las únicas del mundo en que la prisión va primero que la sentencia.

Ninguna persona en el planeta puede ser apresada, ni un segundo, sin sentencia ejecutoriada. Solo en literatura, como en el Principito, la maga clama que primero sea la sentencia.

Todos los hombres racionales merecen primero ser juzgados y escuchados, la sentencia es un acto posterior. Una consecuencia del proceso.

Claro, estamos en el Ecuador. De yapa, eliminaron las comisarías de policía, que estaban destinadas a subsanar mediante multas y pequeñas sanciones, los entredichos barriales y líos de faldas que se producen diariamente. Hoy todo va a fiscalía.

Es tan grande la inseguridad jurídica, que si la autoridad no inicia una indagación previa por un piropo subido de tono o una llanta en mal estado, ella, la autoridad, tendrá serios problemas con la CNJ; y, a lo mejor, ella hasta podría ser apresada.

Es tan curioso el método, que de acuerdo con un artículo del recordado periodista ecuatoriano Pedro Vincent Bowen, un juez de Limones, provincia de Esmeraldas, ordenó la prisión de un bello platero, llamado el burro Alfonso, un cuadrúpedo que se atrevió a caminar por las calles de la parroquia, sin saber el pobre, que una ordenanza prohibía a los semovientes y acémilas desplazarse por las amplias, limpias y seguramente bien iluminadas calles del Cantón Limones (Eloy Alfaro).

Pero eso no es todo. Conste que no estoy hablando del sistema judicial solamente. Hablo del sistema legal en general.

La reforma electoral se hizo el año 2008 para impedir la proliferación de los 12 partidos que existían; hoy son 288. Se hizo una ley para modernizar el acceso a la universidad y con ello miles de estudiantes no pudieron ingresar a la universidad, y hasta les imponían el lugar, provincia o cantón en donde ir a estudiar. Ese método infame sigue vigente, aunque han pretendido cambiarlo sin éxito.

Se hizo una ley para proteger a la mujer de la violencia familiar y, desde que entró en vigencia, el femicidio se ha triplicado, cuatriplicado, quintuplicado y sextuplicado.

Se hizo otra ley, ésta muy romántica, para que nunca más existiera corrupción pública. La ley nació con el pomposo nombre de SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA; crearon incluso un instituto denominado Sercop. Pues desde que está en vigencia esa dichosa ley se han reportado miles de contratos lesivos al interés ciudadano y acaban de salir 4.000 contratos deficientes en las empresas públicas. Es decir, el sistema legal del Ecuador es un rotundo fracaso.

Por último, en la Asamblea trataron de aprobar una ley para recuperar los activos robados, pero fue otra desgracia. De modo que los señores que se encuentran encausados de corrupción viven la maravilla de no devolver ni un solo dólar de lo que han desaparecido, y los grandes negocios públicos han llevado al más atropellado de los atrasos, en todos los órdenes, llegando al extremo de la desvergüenza, que hombres malévolos disfrazados de políticos, se alzaron con dinero hasta de las mascarillas y las fundas de los muertitos de la pandemia. Nadie para esto.

Un famoso abogado, muy culto y muy joven, acaba de anunciar que el problema no es de las leyes, sino de quienes las aplican. Yo no sé. Pero en uno y otro caso, el país no puede seguir rumbo al despeñadero. Algo tiene que hacerse. Volver a la normalidad jurídica. Reinstalar el poder legislativo con todas sus atribuciones. No importa el número de legisladores, importa la calidad de los legisladores.

No es onanismo pensar en el viejo congreso, porque los legisladores del siglo pasado se pasaron. Pienso en Carlos Julio Arosemena, Tito Nilton Mendoza, Juan Tama  Márquez, Raúl Clemente Huerta, Jaime Hurtado Gonzáles, Pablo Dávalos Dillon, Raúl Baca Carbo, Jorge Moreno Ordóñez, Jorge Zavala Baquerizo, Rodrigo Borja Cevallos, Manuel Córdoba Galarza, Otto Arosemena Gómez, Medardo Mora Solórzano.

Ahora bien. El suicidio masivo de la clase en el poder empieza por desconocer que la ley es el alma de la nación. Ignora que la ley es el riel por el que se desliza el ferrocarril de la nación. No hay nada que no esté organizado y regulado por la ley. Por eso, hacer leyes no es para cualquiera. Construir una ley requiere un mínimo de conocimiento y al menos sentido común.

Entonces, puede ser que, por desconocimiento, la turba política llevó al parlamento a diputados léperos y gritones sin título, algunos francamente iletrados, y con eso se jodió todo. Fue tan brutal el golpe, que la propia Asamblea, mediante ley, perdió sus facultades intrínsecas y creó ese esperpento denominado Consejo de Participación Ciudadana, que lo único que ha hecho es acabar de destruir el espíritu de nación, que es lo que nos quedaba. Y con el CPCCS llegaron más líos al Ecuador. Lo han hecho, francamente, un país inhabitable.

Por eso, el presidente Castillo del Perú tuvo que abandonar el poder en medio de un piquete policial que, sin disposición judicial alguna, simplemente lo llevó a una celda.

El presidente, confiando en sus facultades, probablemente irritado, había decretado la supresión de las garantías políticas para los órganos públicos, lo que nadie aceptó.

Parece que los primeros que se le retiraron fueron sus ministros. Luego, las fuerzas Armadas tampoco estuvieron de acuerdo en respaldar este mini golpe de estado. Fue un paso en el vacío formulado por un mandatario desesperado.

Ahora está apresado y en graves dificultades frente al sistema judicial al que también había disuelto en su fallido decreto. Se quedó solo en este mundo, pero no está solo en cuanto a los defectos políticos de la conducción de los asuntos públicos, sino que él, igual que otros mandatarios (Cristina Kirchner es el mejor ejemplo; ahora, el ex presidente ecuatoriano Lenín Moreno, al cual ya le habían advertido que había un proceso penal por peculado) se encuentran atrapados en la telaraña legal que se empezó a implementar en América hace algunos años, cuando la novelería de la teoría del derecho penal del enemigo empezó a inundar los libros de Derecho, las aulas y las maestrías y el malabarismo jurídico de convertir en delito toda conducta humana, desajustó un sistema penal que duró 200 años, en los cuales el sistema judicial supervivió junto al sistema político, respetándose mutuamente, sin causar la ola de corrupción que ha sacudido a toda América, en especial a Sudamérica.

Antes del cambio de método, la gente común se respetaba entre sí. Y había un respeto único por la autoridad, incluido el comisario de la parroquia. Eso hemos perdido, la legislación enturbió el pensamiento social y obnubiló la razón a la comunidad.

El caso extremo del defensor del pueblo no fue sino una pelea entre borrachos, por el beso o el amor de una mujer. Eso se resolvía en la Comisaría, sentenciando al borracho atrevido con cinco días de cárcel y una multa para compensar la falta al honor de una persona. Allí no hubo violación ni un hecho de sangre. Fue una riña de amigos ebrios.

La doctrina del ilustre profesor Gunther Jacobs nunca ha sido bien entendida. La han popularizado en los diplomados, pero no se la conoce a fondo. Ni él, ni sus estudiantes de la Universidad de Bonn, pretendían sancionar por sospecha.

Mas, en la aplicación común de la ley penal, el método resulta injusto e incriminatorio, pues castiga al infractor probable aunque no haya cometido un delito, solo por considerar el peligro o la probabilidad social de que algún día se pudiera afectar a la sociedad,  aunque por ahora no fuere afectado el bien jurídico. Eso aplica solo en el Ecuador.

Más fácil de asimilar es Roxín, citado por el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, en la soberbia obra denominada LA IMPUTACION OBJETIVA, OPÚSCULOS PENALES Y CONSTITUCIONALES, en la que el docto maestro explica con magna amplitud los criterios normativos de la imputación penal (pág. 359 en adelante).

Aquí está la  trampa mortal. El poder se electrocutó. Este desvarío es el resultado del paroxismo que provocan las técnicas secretas del manejo de la conducta de la multitud, con que suben al poder los ilusos que llegan a gobernar por obra del espíritu santo, convertidos en semi dioses y que la masa ignora, porque fue arrastrada a una nueva sociedad, a una Jerusalén libertada, con calles de oro y mar de cristal, a un mundo de ensueño que todavía no llega.

Pero la divina comedia no termina allí. En su desvarío, atrapados en los presuntos triunfos electorales, los miembros de la sociedad política, léase partidos políticos, cayeron en su propia trampa; no se dieron cuenta que iban a convertirse en víctimas del sistema jurídico que implementaron, supuestamente para contener la corrupción.

Al presidente Castillo, del Perú, no lo ha podido salvar nadie. Ni el sombrero tipo Speedy González, ni el respaldo social que conserva. Esa multitud, que se ha tomado las ciudades de esa República, le ha permitido salvarse de una condena segura.

¿Saben por qué apresan a los gobernantes de América? Porque ellos mismos crearon un sistema de inseguridad jurídica, en el cual el juez no tiene más remedio que aplicar esas mismas leyes imbéciles que aprobaron otros parlamentos, igualmente integrados por ignaros, que nunca han tenido en sus manos un código civil, que no tienen puta idea de lo que es y debe ser la ley, y que no tienen empacho en sostener que el presidente es culpable, incluso, sin pruebas objetivas.

Así, de ese modo, quieren hacerle, incluso, un juicio político al presidente Guillermo Lasso, de Ecuador, pese a que la Constitución determina expresamente las tres razones que deben cumplirse para iniciar un juicio parlamentario al presidente (artículo 129 de la Constitución). Esas tres razones son: delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y, genocidio, secuestro u homicidio (se entiende cometidos por el presidente).

Estas tres causales, está claro, no se cumplen en el caso del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, y racionalmente los legisladores no podrían iniciar un juicio político. Pero, además, en el Ecuador es indispensable el pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. Este dictamen de admisibilidad es inevitable y obligatorio.

Entiéndase, por lo tanto, que los gobernantes se han hecho el hara-kiri con sus propias leyes. Fabricaron una dantesca jaula y se quedaron dentro.

Por eso, la señora Kirchner declara su inocencia frente a un sistema abyecto que la persigue hace años y que no se lo puede quitar de encima, ni dentro ni fuera del poder. La jaula la persigue. Proclama inocencia porque asegura que los jueces se pusieron de acuerdo para enjaularla.

Con el viejo método, ni Castillo habría caído, ni Kirchner habría sido sentenciada. Ni Guillermo Lasso estaría en peligro, pues los cargos públicos estaban garantizados y atribuidos de honestidad. La desvergüenza vino después.

Hay en marcha una especie de sociedad del desprecio que está en contra de todo. Pero, admite como buenas, doctrinas muy cercanas al mal. A gobernantes infractores de la ley les espera la reelección. Admirable. Hábiles abogados, de supuesta intelectualidad, les crearon un laberinto legal y judicial.

El sistema penal creado por las hipótesis noveleras que surgieron a partir del año 2000, siglo XXI, eliminó el principio gradual de la infracción, que viene del siglo XIX y ubica a todos los involucrados en el mismo nivel (lo que no puede ser, porque en una infracción en la que interviene más de una persona, no todos tienen el mismo nivel de participación). Por lo tanto, según los entendidos de estas materias, no existen autores cómplices y encubridores, sino autor mediato e inmediato.

Es la teoría del profesor Klaus Roxín, que parece haber sido aplicada a un ex presidente del Ecuador y podría ser aplicada a otros, como Lasso y Moreno. Esta tesis fue elaborada, fue construida, fabricada, para determinar responsabilidad en criminales de guerra y exterminadores masivos. Ese es su origen. Vino desde Alemania y anda encubierta en el manto sagrado del neoconstitucionalismo. A un presidente se le puede filtrar un ministro corrupto o un atarván en el Gabinete, pero eso no lo hace criminal de guerra.

Tan responsable es el que prepara y elabora la trama de un peculado, como el secretario que lo veía entrar y salir al jefe y, el pobre, no se dio cuenta que se estaba alzando con todo. Eso no lo hace cómplice. O autor colaborante, mediato o como le llamen. Al extremo que insinúan que la sola mentalidad de un presidente ejercería tal influencia como para provocar un delito de robo. Y eso no es así.

No estoy creyendo en la angelicadidad de nadie, pero los delitos son una categoría de la conducta humana, que merece un análisis formal muy estricto.

Incluso, si los subalternos fueron corruptos, no tiene por qué la autoridad superior pagar los platos rotos. Aunque, claro, eso pretende la distorsionada teoría que una vez fue útil en la Alemania de la post guerra.

Así también en delitos de naturaleza sexual, le imponen un castigo de 40 años al que penetró, al que abrió la pieza, al taxista que llevó al pasajero y al farmacéutico que vendió el preservativo. Así es, no me discutan. Así es como lo aplican.

Los tímidos practicantes de esas leyes absurdas creen que todo el mundo es culpable y en el mismo grado. Hay más prejuicio que legalidad en este tema. Y, desde luego, ignorancia supina. Además, es terrible pero cierto, una parte de los gobiernos no está interesada en hacerlo saber al público.

Hubo, incluso, el asesinato de un presunto delincuente. El hombre eliminado recibió solo un tiro. La policía informó que no hubo más disparos. 9 personas formaban el grupo que ingresó al lugar se los hechos. Los 9 fueron condenados. Se entiende que solo un sospechoso disparó.

Ese es el derecho del enemigo, el enemigo subyacente. Una abierta injusticia. Y si el juez deja de aplicar esas leyes abyectas e impone el racional criterio de la sana crítica, pues, en ese caso la ley se va en contra del juez y podría perder su cargo. Así de fácil. Así de mal anda esto. Así de absurdo.

Así es América. Señor, antes que llegue la sociedad del desprecio, ilumina al Ecuador, que el Señor de los Milagros de Daule venga a salvarnos.

La aculturación de la sociedad política llamada parlamento -asamblea le llaman por acá- ha llegado al extremo de desnaturalizar los delitos, convirtiendo en figura penal cualquier comportamiento que a lo sumo sería para una multa.

De ese modo condenan como infractores de la ley a inocentes mortales, por los gigantes y colosales delitos inventados por los geniales legisladores de los primeros 23 años del siglo XXI: 1) circular con llantas lisas. 2) llevar a los hijos en el balde de la camioneta y 3) trasladar un muñeco de papel en camioneta. En este último caso, el delito tipo fue terrorismo y traslado de armamento nuclear. ¡Increíble, pero cierto!

Centenas de policías, que bien podrían ayudar a solventar la inseguridad de las calles, se dedican a cuidar gente con arresto domiciliario, que es otra mamba negra en el sistema penal.

Por las malas leyes, los procesos se caen. Hay que cambiarlo todo, señores legisladores. Para que sea efectiva la justicia penal, hay que hacer un solo proceso que sancione al infractor, no diez procesos que no producen sentencia. Procesos inútiles, en los que el Estado invierte millones y no obtiene la devolución de un solo dólar. Hagan caso.

Hoy, la Asamblea ecuatoriana ha sido subordinada en forma manifiesta al poder judicial de tipo constitucional, debido a sus propios errores de interpretación y a la legislación que sus miembros implementaron. Son las leyes creadas por diputados léperos y asambleístas iletrados, vagabundos del destino político que aprendieron solo a deambular por el pantano de la nada.

La competencia del juez que los acaba de humillar, ordenándoles incluso que pidan disculpas a los consejeros del CPCCS, no admite discusión. Lo discutible es la ley, su propia ley.

Señor presidente de la Asamblea: la Ley Orgánica de la Función Legislativa es un absurdo. Debe ser eliminada y reemplazada por una ley digna de la función legislativa. Ella limitó las competencias propias de la Asamblea, disminuyó sus atribuciones, hizo cautivos del poder judicial a los legisladores, los ha apresado.

Usted tiene una reforma constitucional, vestida de enmienda, que le acaba de entregar el nuevo ministro de Gobierno. Esta es su oportunidad. Dele otro giro a la Constitución.

Haber inventado cinco funciones al Estado, que nunca había conocido más que el sistema Ejecutivo. Legislativo y Judicial, es lo mismo que haber construido una locomotora que va directo al abismo. Esa es la tontería elevada a cultura política; por tal razón esos cinco poderes no pueden convivir, porque son un parto de los montes.

Según el barón de Montesquieu, la división de poderes permite el control recíproco de un poder hacia el otro, mediante la regulación de funciones de acuerdo con la ley, por manera que ninguno podía estar sobre otro. Esa premisa es fundamental en un Estado democrático, para evitar abusos.

Por lo tanto, en esta doctrina de la ilustración, en la que Monstesquieu es el principal, el poder público es uno solo, que se divide en tres funciones. Por eso ninguna función del Estado puede estar encima de la otra. Esa es la doctrina. En la clásica división de poderes no habría ocurrido la colosal fractura social que nos ha hecho convivir entre presidentes derrocados, enjuiciados y condenados.

Es por estos naufragios recurrentes en el ámbito de la convivencia entre poderes, que hoy algunos pensadores, incluso de nivel académico, están hablando de un Estado fallido. Eso significa que el Estado se pudrió, se rajó y no ha servido para maldita sea la cosa.

Esa es la expresión más popular, pero su contenido va mucho más allá. Significa que algo está pasando en las democracias. Significa que hemos dinamitado el puente, que hemos llenado de palizada lo que el abogado Alejandro Román Armendáriz llamaba el ancho cauce democrático.

Algo muy malo viene bajando por el río y es la posibilidad de la anarquía en la que juegan al pepo algunos detractores del poder de turno, que transigen con todos los gobiernos de turno. Miren lo que ocurre en Perú y Haití. Pero es peor la condena de la ciudadanía, agitada por campañas electorales en que destaca el exhibicionismo del que más tiene.

Mientras un presidente se encuentra en ejercicio, otro espera entre las sombras la caída del primero, si es que no la provoca, y uno y otro sector político se van turnando para hacerse de unas chauchas. Así, con un poco de suerte, alguno podrá hacer cambios mínimos. Cambios mayores no habrá porque el sistema legal está podrido.

Las primeras atrapadas en la red fueron las universidades y hoy, estas lumbreras del pasado, perdieron la capacidad de opinar.

La ciudadanía está obligada por leyes del absurdo electoral a soportar un sistema corrupto y a elegir cada vez con más miedo, desde la plataforma del suplicio de Jéssica Lange, entre dos colosos de la literatura fantástica: King Kong y Godzilla.

* Víctor Arias Aroca es doctor en Jurisprudencia. Diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad Pública de El Alto – UPEA (Bolivia), y por el Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica – Latin Iuris (México). Su e-mail: corporacionarias@gmail.com