Esta situación fue desvelada por el presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador, en el acto de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal durante el año 2022.
La máxima autoridad de gobierno de la Función Judicial, Wilman Terán Carrillo, hizo notar que gran parte de la infraestructura propiedad de la Justicia ecuatoriana se halla en mal estado, sumando a ello la sobrecarga de trabajo de magistrados y sus colaboradores, debido a que falta más personal del que ahora está en funciones.
Pese a eso, Terán ratificó que no se tolerará ningún acto de corrupción en la Función Judicial.
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Al desvelar la situación crítica de la Justicia ecuatoriana, el presidente de la Judicatura se atuvo a que “La verdad tiene que ser exhibida, cueste lo que cueste”.
Seguidamente resumió la situación actual de la Función Judicial, enfrentada a una serie de problemas e inconvenientes que le impiden prestar un servicio eficiente a la ciudadanía.
Justificó que, en cumplimiento del mandato constitucional de transparentar la información de las instituciones públicas a la ciudadanía, presentaba la Rendición de Cuentas correspondiente a la gestión institucional durante 2022. Tal acto se cumplió en Quito, ciudad capital de la República del Ecuador, el día viernes 05 de mayo del 2023.
Sobrecarga procesal
Terán puntualizó que, si bien existen 436 dependencias judiciales a nivel nacional en funcionamiento, el 28 % de ellas se encuentra en estado crítico; es decir, no tienen los jueces necesarios para despachar los altos volúmenes de carga procesal.
Hay unidades judiciales que tienen una carga procesal que supera el 150 % de su capacidad y, como consecuencia, existen a nivel nacional 777.730 causas represadas.
Aunque en 2022 se nombró 78 jueces, esta cifra resulta insuficiente si se toma en cuenta que en 2017 se contaba con un indicador óptimo de 11,58 jueces por cada 100.000 habitantes; pero, para 2023, la cifra se ubica en 10,54. Actualmente, la Función Judicial tiene una brecha de 692 jueces.
Infraestructura deteriorada
En cuanto a infraestructura, el presidente del Consejo de la Judicatura reseñó que, del total de las unidades judiciales propias, el 93 % está en mal estado, y apenas el 7 % se encuentra en condiciones adecuadas. Explicó que existe un déficit presupuestario de 16 millones de dólares, necesarios para repotenciar esas edificaciones.
Vacantes desfinanciadas
Con el objetivo de continuar brindando un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura requiere llenar las 1.648 partidas vacantes desfinanciadas del personal administrativo y jurisdiccional, para lo cual se necesitan 21 millones de dólares.
Jubilaciones pendientes
De la misma forma, para el pago de jubilaciones de 598 servidores judiciales, el Consejo de la Judicatura necesita un valor referencial de 30.8 millones de dólares.
Evaluación de personal
Asimismo, con la finalidad de evaluar a los servidores judiciales, de acuerdo a lo que determina la ley, se requieren 1.9 millones de dólares.
“Esta es la realidad actual del sistema judicial ecuatoriano. Se ratifica el compromiso y deber de ejecutar todas las acciones necesarias para obtener los recursos requeridos para la óptima administración de justicia”, insistió Wilman Terán.
El presupuesto
La participación del Consejo de la Judicatura en el Presupuesto General del Estado, en el año 2023, es de apenas el 1.11 %, cifra menor a la registrada en 2013 que fue de 1,53 %.
En relación al presupuesto óptimo requerido, en los últimos 10 años se visualiza siempre asignaciones por debajo de lo solicitado. Para 2023, en gasto corriente, existe una diferencia de 24 millones de dólares; y, en inversión, de 41 millones de dólares.
Las necesidades adicionales del Consejo de la Judicatura, que no están financiadas con el presupuesto asignado, ascienden a 47 millones de dólares.
Lucha contra la corrupción en la Función Judicial
En el ámbito disciplinario -respetando la independencia judicial, el debido proceso y el derecho a la defensa-, en 2022 se destituyó a 77 servidores judiciales; entre ellos, 29 jueces, seis fiscales y dos notarios. Adicionalmente, 231 funcionarios recibieron otro tipo de sanciones, como multas, suspensión del cargo, amonestación escrita, entre otros.
«Velamos por una actuación independiente y transparente de todos los servidores judiciales. No queremos que se afecte al servicio ciudadano. Cero tolerancia a la corrupción«, enfatizó el presidente de la Judicatura, quien dio a conocer, además, que en aproximadamente dos meses de gestión fueron separados 24 jueces de la Función Judicial.
“Que los jueces (honestos) y (las) juezas honestas no teman, que no habrá contemplación para ningún acto de corrupción”, finalizó Wilman Terán.
FUENTE: Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador), mediante boletín con su firma y la foto adjunta.
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