Es una estrategia de protección en la que actualmente se halla trabajando el Consejo de la Judicatura (CJ) del Ecuador, órgano rector de la Justicia nacional.

En virtud de sus facultades legales, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo, ha declarado en sesión permanente al pleno del organismo, con el objetivo de que se establezcan acciones urgentes para fortalecer la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la seguridad jurídica.

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En la sesión de trabajo N° 066-2023, el titular del CJ dispuso que se  diseñe una normativa para establecer jueces, fiscales y defensores públicos sin rostro -o con identidad protegida- que sancionen casos de corrupción y delincuencia organizada.

Terán señaló que el objetivo de esta medida es garantizar la seguridad y los derechos de los operadores de justicia, así como de los usuarios del sistema judicial que son parte de este tipo de procesos.

En el año 2022, varios jueces y fiscales fueron víctimas de atentados. Incluso varios de ellos murieron a consecuencia de esos ataques. De ahí que el CJ busca alternativas que permitan a los servidores judiciales contar con las condiciones adecuadas de seguridad para que puedan desarrollar su trabajo.

FUENTE: Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador), mediante boletín con su firma y la foto que se adjunta.