Referéndum y sector agropecuario

Luego de cumplir con mi obligación ciudadana del pasado 4 de febrero en el  Referéndum 2018 -de las famosas 7 preguntas-, me recosté en mi hamaca para analizar todo lo acontecido en los últimos meses en el Ecuador.

Ingentes cantidades de dinero gastados en esta campaña, operadores de redes sociales trabajando a todo rigor, debates televisivos, noticias, entrevistas, politiqueros oportunistas, amigos y familiares peleando sin sentido por una u otra tendencia. Lo cierto es que por donde voy todos se han convertido en expertos analistas económicos, politólogos y severos jueces.

En el vaivén de mi hamaca, pensaba, si el Referéndum es el mecanismo legal que permite a la población ratificar o rechazar ciertas resoluciones de un Gobierno, por qué no se le preguntó al pueblo acerca de la calidad de los servicios de salud, acerca de la calidad de la educación, si cree que los nuevos tipos de contrato de trabajo son justos; si aprueba o no la gestión de las máximas autoridades políticas; si está o no de acuerdo que los discapacitados sean insertados en el mercado laboral; si los jubilados están satisfechos con sus pensiones y atención médica; si cree que el Gobierno está gestionando adecuadamente para el desarrollo económico del país. Solo se logró divisionismo social a un alto costo económico.

Entendidos aseguran que en el Referéndum se gastó algo así como sesenta millones de dólares, dineros que pudieron resolver problemas apremiantes en uno de los sectores más importantes de la economía del Ecuador, el sector agropecuario. Ejemplo: con este valor se hubieran colocado miles de créditos para la campaña de siembra de ciclo corto invernal; miles de pequeños emprendimientos de agregación de valor a materias primas agrícolas; se hubiera desarrollado una línea de crédito para comercio justo entre organizaciones agropecuarias y así controlar la intermediación letal. Con veinticinco millones de dólares se solucionaba el problema de absorción de inventarios de arroz, represados, que está causando quiebra a este sector. Con treinta millones de dólares se hubiera ejecutado en Provincia de Santa Elena -sector de alto potencial agropecuario- el proyecto de riego que hubiera favorecido a gran cantidad de cultivos de las comunas del centro y sur de esa península, proyecto detenido por falta de decisión política. Y así, seguiremos enumerando.

Lo cierto es que, en el Referéndum, del sector agropecuario y del acuícola nada se consultó. La pregunta es ¿por qué? y la respuesta: porque no hacemos participación política. Mi llamado a los reales Líderes a tomar la decisión  de participar activamente en Política, para que nuestro sector sea visibilizado y tener el poder de decidir por nuestro propio futuro.

Escrito el 5 de febrero de 2018 por Pedro Pablo Jijón Ochoa, ingeniero comercial y asesor de organizaciones agrícolas productivas (asesorapecuador@gmail.com).
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