Diversos medios de comunicación masiva de Ecuador dieron cuenta, al finalizar la semana anterior, de un informe de auditoría que la Contraloría General del Estado presentó acerca del uso de los recursos públicos generados mediante la Ley de Solidaridad y destinados exclusivamente a rehabilitar y reconstruir las poblaciones impactadas por el terremoto del 16 de abril del año 2016. Ese informe incluye al Gobierno municipal de Manta entre las instituciones del Estado que administran o administraron parte de aquellos recursos.
Sintiéndose aludida, la Administración municipal de Manta ha reaccionado hoy, martes 3 de abril de 2018, a través de un “Comunicado Oficial” que reprocha a los medios de comunicación -particularmente a la televisora Ecuavisa- que resumieron el informe de auditoría, pero sin precisar cómo usó los recursos monetarios puestos a su disposición para actuar durante la emergencia.
En el comunicado, emitido por la Alcaldía de Manta, se observa que el informe de Contraloría es un “(…) borrador de un examen (…) al manejo de los recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Solidaridad, (… y) que, en el caso del Municipio de Manta, las observaciones establecidas no implican bajo ningún concepto, perjuicio económico ni para la comunidad ni para el GAD, pues los recursos fueron invertidos exclusivamente en lo que describe el objeto de cada contrato, mucho menos contemplan desvío de fondos.” (Sic)
Y sigue: “La información al generalizar las conclusiones se emite fuera de contexto de lo que ha encontrado la Contraloría; además el borrador de un examen de auditoría de la Contraloría no determina ningún tipo de responsabilidades en firme, y está sujeto a los descargos ante la misma entidad para lo cual existe un periodo para presentar la documentación de descargo; y como lo dice dentro de su contenido no constituye un pronunciamiento ni definitivo ni oficial de la CGE ni de las unidades administrativas de control, por lo cual no podrá ser divulgado ni publicado.” (Sic)
Continúa: “Si bien, como dice la nota, son 26 los millones entregados a los municipios por conceptos de la Ley de Solidaridad, de las 9 instituciones auditadas sólo se examina a un municipio, el de Manta, al que de este fondo el Estado apenas entregó 1´444.000 dólares, y que sin embargo tuvo que resolver necesidades producto de la emergencia por un monto de 2´269.738,83 en el periodo auditado; recalcando que este GAD es la institución menos involucrada en este examen.” (Sic)
Recuerda “(…) que la inversión del Municipio de Manta en la emergencia se hizo en apego a los decretos ejecutivos de 17 de abril de 2016 que declara el Estado de Excepción en las provincias de Manabí y Esmeraldas y que el artículo 2 dispone que los “Gobiernos Autónomos Descentralizados de las provincias afectadas por el terremoto deberán coordinar esfuerzos con todas las entidades de gobierno con la finalidad de ejecutar acciones necesarias e indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas que provoquen los eventos telúricos del 16 de abril de 2016”; estado que fue renovado 12 de marzo de 2017, ordenando en el artículo 2 las mismas obligaciones determinadas en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1001.” (Sic)
A renglón seguido, afirma: “Los auditores de la Contraloría apoyan su criterio en que lo contratado no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Solidaridad citando frases fuera de contexto pues se refieren exclusivamente a la parte que dice de la construcción, reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas, pero omiten señalar que el mismo artículo imperativamente manda también la implementación de ACCIONES, INCENTIVOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS DEL TERREMOTO OCURRIDO EL 16 DE ABRIL DE 2016 EN TODAS LAS ZONAS AFECTADAS.” (Sic)
Hace notar que, “En consecuencia, las contrataciones efectuadas por el GAD de Manta encajan literal y simétricamente con las disposiciones expresas de la Ley de Solidaridad.”
Finaliza con una referencia superficial a “La contratación de maquinaria para recoger la inusitada cantidad de escombros, maleza y desechos que se produjeron a causa del terremoto, que superaban sobremanera la capacidad de recolección del GAD y las instituciones públicas competentes son, por ejemplo, una acción para enfrentar las consecuencias del terremoto, que de no haberse ejecutado habría degenerado en focos de contaminación elevada y epidemias, dado sobre todo las condiciones precarias en que gran parte de la población tuvo que vivir en los meses posteriores al terremoto del 16 A.” (Sic)
Para dar esta respuesta al borrador de la auditoría señalada, la Administración municipal de Manta convocó a los periodistas al despacho de la Alcaldía, donde expuso el alcalde Jorge Zambrano Cedeño.
REVISTA DE MANABÍ 