La decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, de suspender todos los concursos de méritos y oposición que tenía en marcha el Consejo Nacional de la Judicatura, motivó que este reaccionara aceptando aquella decisión, pero cuestionándola por considerarla inconstitucional.

El CPCCS transitorio es fruto del mandato público expresado en la consulta popular del día 4 de febrero de 2018 y fue conformado con ciudadanos de sendas ternas propuestas por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, a la Asamblea Nacional del Ecuador.

Una de sus funciones, que dimana del mandato del pueblo, es evaluar el desempeño de los funcionarios y cuerpos colegiados elegidos en concursos públicos organizados por el CPCCS cesado tras la consulta popular, y -de hallar causales para esto- separarlos del cargo correspondiente. Entre estos cuerpos colegiados consta el Consejo Nacional de la Judicatura, cuyo desempeño abarca la organización y desarrollo de los concursos para elegir a los funcionarios de la Función Judicial ecuatoriana.

El criterio del Consejo de la Judicatura

En un boletín entregado a los medios de comunicación masiva, la Dirección Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura (CJ) informa que en rueda de prensa realizada el 5 de abril de 2018, el presidente de ese organismo, Gustavo Jalkh, aseguró que la suspensión de los concursos trunca las aspiraciones de miles de profesionales del país que tienen derecho a participar en ellos.

Jalkh y los demás miembros del CJ en funciones, fueron elegidos mediante concurso de méritos y oposición organizado y desarrollado por el CPCCS cesado por mandato de la consulta popular señalada.

Durante la rueda de prensa convocada por él a propósito del tema en cuestión, Jalkh hizo notar: “De haber tenido alguna observación o duda sobre los concursos, el Consejo de Participación tenía el derecho y la obligación de establecer las veedurías pertinentes que están en su competencia; y, lejos de suspender los procesos, debían organizar esas veedurías, auditorías o evaluaciones”.

Los concursos de méritos y oposición

Explicó que uno de los concursos tenía el objetivo de llenar 7000 cargos administrativos en la Función Judicial. Estos no son puestos nuevos sino que corresponden a servidores judiciales que laboran por varios años bajo la modalidad de contrato y tienen derecho a la estabilidad laboral. En este proceso de selección estaban participando cerca de 50 mil personas a nivel nacional.

Otro de los concursos que se realizaba, por pedido de la Fiscalía del Estado, era para llenar 400 plazas de agentes fiscales. Según Jalkh, 12 mil juristas se postularon “(…) y ahora su aspiración se ha frustrado, por lo que el Consejo de la Judicatura se solidariza con ellos”.

El tercer concurso se relaciona con la renovación de fiscales provinciales. El proceso se realizaba en el marco de la ley, la cual determina que estos funcionarios deben estar dos años en sus cargos, periodo que se cumple el próximo 2 de mayo.

En febrero pasado, el CJ realizó la convocatoria respectiva para que los funcionarios que pertenecen a la categoría 3 de la carrera fiscal participen en el concurso, como lo ordena la ley.

Halla vicios jurídicos

Jalkh afirmó que la suspensión de los concursos, resuelta por el CPCCS transitorio, tiene varios vicios, entre ellos la ausencia absoluta de motivación jurídica constitucional. “Esto viola el artículo 76, numeral 7, literal l de la Constitución, que señala que todo funcionario público y todos los poderes del Estado están obligados a motivar jurídicamente sus actos administrativos y de poder público”, subrayó.

Para el titular del CJ, la decisión del CPCCS transitorio no se ajusta al texto del mandato establecido por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular realizada en febrero pasado, ya que, ni en la pregunta 3 ni el anexo correspondiente, existe un texto jurídico que le dé a la mencionada entidad la potestad de mutilar las competencias constitucionales o legales de otras autoridades o funciones del Estado.

Aseguró que, en este contexto, la decisión adoptada por el CPCCS transitorio atenta contra el artículo 181 que reconoce las facultades que el CJ tiene para nombrar y evaluar a todos los funcionarios judiciales. “Si bien el anexo de la pregunta 3 les da potestades de reglamentación de los procesos de evaluación, hay que recordar que vía reglamento no se puede reformar la Constitución”, recalcó Jalkh.

De igual forma, aseguró que la disposición del Consejo de Participación viola el artículo 226 de la Carta Política, que determina que las competencias de las instituciones nacen de la Constitución y las leyes.

Con base en estas consideraciones, el CJ solicitará al organismo evaluador que motive su resolución. “Nosotros pensamos que el Consejo de Participación Ciudadana habrá actuado de buena fe. Esto podrá ser considerado un desliz, creo que el primer punto que vamos a solicitar es que motiven su decisión, que la motiven suficientemente en Derecho, o que la corrijan”.

Evaluación bienvenida

Jalkh ratificó que el CJ está abierto a la evaluación dispuesta por el CPCCS y que espera que esta se desarrolle bajo parámetros objetivos y medibles.

Indicó que se entregará toda la información de manera transparente en los tiempos establecidos. “En los siete días que tenemos -o antes, si es posible-, este Consejo de la Judicatura y cada uno de sus vocales harán  llegar al Consejo de Participación Ciudadana toda la información pertinente de nuestra gestión. Bienvenida sea esta evaluación y será la ocasión para que los hechos hablen por sí solos”, concluyó Jalkh.

FUENTE: Consejo Nacional de la Judicatura, Quito, mediante boletín informativo y fotos, con firma de su Dirección Nacional de Comunicación y enviados a través de la Dirección Provincial de Comunicación en Portoviejo, Manabí (La referencia constitutiva del CPCCS transitorio corresponde a RM).
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