Cumplida la misión que les encargara el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, los miembros interinos del Consejo de la Judicatura dejan sus funciones en manos de los miembros definitivos. Pero, antes de alejarse, los encargados presentaron el informe de su gestión a los legisladores de la Asamblea Nacional del Ecuador, en Quito.
Lo hicieron el día martes 29 de enero del 2019 a través del consejero que actuaba de presidente, Marcelo Merlo Jaramillo. Este destacó el trabajo realizado por él y sus colegas: Juan Pablo Albán, Angélica Porras, Aquiles Rigail y Zobeida Aragundi, que en conjunto estuvieron al frente de la Judicatura desde el 19 de junio del 2018.
El doctor Merlo señaló que labor del Consejo presidido por él estuvo encaminada a fortalecer la administración de justicia en el país a fin de garantizar su independencia y transparencia. Explicó que una de las primeras decisiones del pleno fue eliminar la figura del “error inexcusable”, con el cual eran destituidos los operadores de justicia.
Resaltó como uno de los logros de la Judicatura el pago de 6.5 millones de dólares a 157 exservidores de la Función Judicial, que no cobraban desde el año 2012 cuando se jubilaron o se desvincularon de la institución.
También se refirió a la creación de instancias de trabajo como la Mesa por la Verdad y Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más, que recibió, investigó y denunció casos de hostigamiento a través del sistema judicial, durante el gobierno anterior; y, la Mesa de Verdad y Justicia: Por los derechos de los exjudiciales destituidos por el CJ, que conoce e investiga los casos de exservidores judiciales que fueron removidos de sus cargos en administraciones anteriores. Además, la Mesa de Verdad y Justicia para casos de corrupción judicial, cuyo objetivo es investigar y detectar presuntas irregularidades cometidas por los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares, en los procesos judiciales.
Mencionó el nombramiento de 26 delegados que reemplazaron a los exdirectores provinciales, designación en la que participaron organizaciones de la sociedad civil y facultades de Derecho de universidades del país. El proceso tuvo una etapa de impugnación ciudadana.
Destacó también la implementación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Relató que para ello se definió un plan de optimización y fortalecimiento de las unidades judiciales especializadas y se elaboró un instructivo para la solicitud, otorgamiento y notificación de medidas de protección en este tipo de delitos.
Así mismo, se implementó un plan de formación continua para operadores de justicia, para la correcta aplicación de la Ley, y un protocolo para la gestión judicial y actuación pericial en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Informó que en Quito, Cuenca, Ambato y Guayaquil se puso en marcha el plan inicial de unidades especializadas contra la violencia a la mujer o miembros del núcleo familiar, y que hasta diciembre se incrementaron 66 operadores de justicia especializados en esta materia, entre jueces secretarios, ayudantes judiciales, peritos y equipo técnico (médicos, psicólogos y trabajadores sociales).
Con la finalidad de promover el acceso a la justicia y fortalecer los servicios especializados dirigidos a víctimas de violaciones de derechos humanos, la Judicatura suscribió memorandos de entendimiento con ONU Mujeres y Unicef. También se conformaron mesas de justicia por género, niñez y adolescencia, en todas las provincias.
En el tema de mediación, sostuvo que esta se consolidó como un método alternativo de solución de conflictos. En 2018 se convocaron 52.335 audiencias, de estas se instalaron 31.577 y se lograron acuerdos en 28.475 casos. El ahorro para el Estado fue de 9.2 millones de dólares (enero – diciembre). En el país existen 139 oficinas de mediación y 157 mediadores.
En el tema de Justicia de Paz, dijo que el país tiene 392 jueces de paz, quienes están presentes en 356 parroquias de 23 provincias.
El trabajo de la Judicatura también estuvo encaminado a mejorar el servicio judicial; un ejemplo de esto es la implementación del Plan Piloto de Justicia Virtual en la provincia de Pastaza.
Así mismo, se fortalecieron los servicios especializados para personas con discapacidad, trata de personas y movilidad humana. El CJ y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), impulsan una campaña para que la ciudadanía conozca que todos los trámites notariales que realicen las personas que tengan una discapacidad de entre el 30 y el 100 % son gratuitos.
En el tema de formación y capacitación presencial, indicó que 8.269 personas participaron en los seminarios, foros y talleres. En las capacitaciones virtuales participaron 137.206 personas y en los conversatorios jurídicos 1.280.
En cuanto a las prácticas pre profesionales, Merlo dio a conocer que el X Ciclo tuvo 706 participantes y el XI Ciclo 902 practicantes, que acudieron a las unidades judiciales especializadas contra la violencia a la mujer o miembros del núcleo familiar, y a las multicompetentes.
Merlo hizo hincapié en el trabajo de fiscalización realizado a las obras construidas en las administraciones anteriores.
REVISTA DE MANABÍ 