En el marco del Acuerdo Nacional 2030 propuesto por el Gobierno ecuatoriano, los altos funcionarios públicos que representan a la administración de justicia y de los derechos humanos, suscribieron el “Acuerdo Nacional por el Acceso a Justicia para una Vida Libre de Violencias”. Ocurrió el día lunes 29 de julio del 2019, en Quito.
El Acuerdo por una vida libre de violencias crea la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia en el Ecuador, instancia que, conjuntamente con delegados de la ciudadanía, formulará políticas y acciones para garantizar la protección y atención efectiva e integral a las víctimas de violencia.
El documento fue firmado por María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura; Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia; Diana Salazar, fiscal general del Estado; Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social; Cecilia Chacón, secretaria nacional de Derechos Humanos; entre otras autoridades de Estado y representantes de la sociedad civil.
A este acto asistieron el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner; y el titular de la Asamblea Nacional, César Litardo.
Administración de justicia especializada
EL ACUERDO plantea el fortalecimiento de la justicia especializada en el país, con el propósito de que niños, niñas, adolescentes de uno u otro sexo, mujeres, personas adultas mayores, discapacitados, personas con diversidad sexo genérica, y las que estén en situación de movilidad humana, cuenten con la adecuada asesoría y representación técnica legal en el momento de exigir el cumplimiento de sus derechos.
Frenar los femicidios
En su discurso de orden, la presidenta del Consejo de la Judicatura recordó que desde el 10 de agosto del 2014 se han registrado 342 femicidios, y dijo que la sociedad no puede tolerar más este tipo de casos. Señaló que, ante esta situación, es un deber cívico ser parte del Acuerdo 2030. “Como autoridades debemos tutelar con efectividad los derechos de todos los ciudadanos, en especial (de) los grupos vulnerables”.
Maldonado explicó que la Corte Nacional de Justicia (órgano jurisdiccional), la Fiscalía y la Defensoría Pública (órganos autónomos), son parte de la Función Judicial y están llamados a cumplir las competencias que determina la ley.
Combatir a la violencia sexual
Recordó que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, y tiene como su cuarto eje de acción institucional el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes (de uno u otro sexo) y mujeres. “En ese trabajo nos encontramos, comprometidos con la erradicación y la prevención de la violencia”, sostuvo.
También destacó la existencia de 30 unidades judiciales especializadas en la lucha contra la violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar. Adicionalmente, dijo, se implementarán hasta fin de año ocho unidades más de este tipo.
Afirmó que se aplica con firmeza el sistema disciplinario contra los funcionarios judiciales que vulneran los derechos de las víctimas de agresiones. Invitó a la ciudadanía a denunciar a los servidores que tienen un mal comportamiento administrativo y disciplinario.
Un fracaso de la sociedad ecuatoriana
De su parte, el vicepresidente de la República señaló que la creación de la Comisión Mixta Nacional permitirá actuar con agilidad para garantizar a las víctimas de hechos de violencia su derecho a la justicia. “Tener que actuar en el plano judicial implica que fracasamos como sociedad, porque lo importante es prevenir y evitar que esto ocurra, formando jóvenes y reeducando a los adultos”, reflexionó Sonnenholzner.
A través de la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia en el Ecuador, se diseñarán mecanismos interinstitucionales para evitar la discriminación y revictimización de las personas que sufren agresiones; y, se reducirán las vulnerabilidades y el riesgo que trae la violencia a sus vidas.
Tomar en cuenta la opinión pública
En el mismo acto se dijo que la Función Judicial trabajará articuladamente, con la ciudadanía y la Función Ejecutiva, en los ejes de prevención, protección, sanción y erradicación de delitos, como el femicidio y el abuso sexual.
En el ámbito judicial, las acciones de la Comisión estarán orientadas a garantizar que la atención a las víctimas sea oportuna, eficaz y en un marco de reparación integral, lo cual -además- permitirá combatir la impunidad.
Primeros logros
El Acuerdo Nacional 2030 por una Vida Libre de Violencias ha motivado, hasta hoy, la suscripción de 16 acuerdos zonales y provinciales; la voluntad y el compromiso de 3.100 lideresas y líderes sociales, de organizaciones de mujeres y derechos humanos; la cooperación de 160 gobiernos autónomos descentralizados, 21 gobernadoras y gobernadores y 8 asambleístas. Y a la sombra de ese Acuerdo se han creado 16 grupos promotores ciudadanos para la exigibilidad de los acuerdos.
REVISTA DE MANABÍ 