Hubo un tiempo, durante el régimen de la “Revolución Ciudadana”, que era frecuente amanecer en Ecuador y encontrarse con muchos negocios clausurados por orden del Servicio de Rentas Internas (SRI). Entonces se decía que los dueños o administradores de tales negocios habían incumplido normas de carácter tributario. Hoy las clausuras más frecuentes son ordenadas por la ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) y obedecen -¡acertaron!- a incumplimiento de normas de salud.
En aquella época pasada el SRI infundía temor en los comerciantes para obligarlos a ponerse al día con sus declaraciones tributarias, muchas veces más allá de las responsabilidades correspondientes. Hoy la ARCSA está afanada en que los negocios cumplan a rajatabla lo que prescriben las leyes del ámbito respectivo y para lograrlo emula el patrón miedo patentado por el SRI.
El día lunes 19 de agosto del 2019 clausuró temporalmente dos establecimientos dedicados a la destilación de bebidas alcohólicas en los cantones de Rocafuerte y Chone (Manabí), debido a irregularidades en la normativa sanitaria de elaboración y etiquetado de estos productos.
ARCSA ha informado que el local de Rocafuerte presentaba deficientes condiciones higiénico-sanitarias para la producción de licores, y la etiqueta de su producto no declaraba la información que indica la normativa vigente de etiquetado; mientras que el de Chone fue sancionado por comercializar bebidas alcohólicas sin la respectiva Notificación Sanitaria ecuatoriana.
Siempre según ARCSA, debido a estas irregularidades, para ambos establecimientos se ordenó la clausura temporal y se notificó a sus representantes para que efectúen las medidas correctivas y cumplan con lo que indica la ley para la comercialización de bebidas alcohólicas.
Desconocemos si estas medidas de hecho, fundadas ciertamente en Derecho, consiguen el objetivo deseado de poner en regla a todos los actores de los diversos sectores de la economía ecuatoriana. Pero de una cosa sí estamos claros: todo negocio clausurado perjudica a sus dueños y colaboradores, a los usuarios y al Estado, porque si no hay producción y ventas tampoco hay contribuciones (impuestos) para el Fisco. Tal vez haga falta un método de persuasión más amigable para conseguir el mismo fin, que no solo actúe en el corto plazo, sino que su efecto sea duradero y generalizado.