Opiniones

Participación Ciudadana y el agro

Pedro Pablo Jijón Ochoa*

Los sectores productivos de mayor importancia en la economía de los países de Hispanoamérica, y del Ecuador particularmente, siempre han sido la agricultura, la ganadería y la pesca; y, desde los años 80, la pesca en cautiverio como es la explotación camaronera, aportando importantes ingresos al PIB no petrolero y generando a la vez fuentes de empleo y ofertas de servicios, así como la incorporación y uso de tecnología. Es decir, son sectores que aceleran la velocidad de circulación del dinero y sostienen la economía.

A pesar de lo manifestado en el párrafo anterior, estos sectores históricamente han sido sometidos a una especie de esclavitud moderna, teniendo que trabajar duramente para que, a la salida de las cosechas, no reciban el justo pago por sus productos, que venden casi siempre a pérdida, enriqueciendo a otros actores de las cadenas productivas, quienes con malas prácticas comerciales abusan de los productores por falta de honesta aplicación de las leyes, como por ejemplo del Código Orgánico Integral Penal (COIP): el art. 308 sobre el Agiotaje y el art. 309 que trata de la Usura.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es contemplado en la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, creado como entidad autónoma que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. Sus objetivos principales, son: promover el ejercicio de los derechos de participación y control social de lo público; lucha contra la corrupción; promoción de la transparencia; y, organizar procesos de designación de autoridades que le corresponda de acuerdo a la ley, para de esta manera lograr una verdadera participación de los ciudadanos en democracia.

En estos últimos dos años, organizaciones del sector agropecuario han podido llamar a comparecencia pública, conforme a la ley y al reglamento, a funcionarios y ministros de Estado para responder e informar sobre el accionar de sus funciones. Recordamos a un ministro de Agricultura que tuvo que renunciar al cargo por mala administración de la política de su cartera.

Gracias a esta entidad (CPCCS), las denuncias de corrupción o malos manejos de las políticas concernientes a los sectores agropecuario y pesquero han tenido eco, siendo aquel un soporte para reclamos ante organismos del mismo Estado, frenando así parcialmente los abusos. Asumo que por eso ahora quieren eliminar a este organismo.

Mi opinión muy personal es que debemos defender la existencia y permanencia del CPCCS, para que los sectores productivos puedan tener una verdadera participación democrática, participación política, y de forma digna reclamar por sus derechos.

* Ingeniero comercial y director ejecutivo de ASESORAP (Asesoría a Organizaciones Agrícolas Productivas): asesorapecuador@gmail.com.

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