Judicatura cuestiona a Corte Constitucional por disminuirle competencias

Los miembros del Consejo de la Judicatura del Ecuador./ FOTO: CJ

El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) del Ecuador, reunido ayer en Quito frente a una rueda de periodistas, aseguró que acatará la sentencia; pero la cuestionó por ambigua y contradictoria, además de poner en riesgo la seguridad jurídica y desencadenar “(…) impactos brutales en el presupuesto de la Función Judicial”.

El Consejo de la Judicatura se dijo consciente de que la sentencia N° 3-19-CN/20 -emitida por la Corte Constitucional (CC) el 29 de julio del 2020- es de inmediato cumplimiento y por tanto acatará lo dispuesto por el máximo órgano de justicia constitucional. Sin embargo, considera que ciertos puntos del mencionado documento deben ser aclarados con el fin de que se entienda la afectación directa que tendría en la ciudadanía.

En rueda de prensa realizada el día lunes 24 de agosto del 2020, la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, explicó que en la mencionada sentencia existen conceptos ambiguos y contradictorios, así como omisiones en las disposiciones a ejecutarse (procedimientos y plazos), los mismos que, de no ser subsanados, atentarían gravemente contra la seguridad jurídica del Estado.

Anunció que por esta razón el CJ presentará un recurso de aclaración y ampliación ante la CC, cuya sentencia limita la facultad disciplinaria del CJ para aplicar, de oficio, el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial, en los procesos disciplinarios contra servidores judiciales que incurrieron en error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo.

Maldonado afirmó que la sentencia N° 3-19-CN/20, al condicionar el inicio de los procedimientos administrativos disciplinarios, por manifiesta negligencia o dolo, a la preexistencia de una calificación de un juez, tribunal superior o pleno de la Corte Nacional de Justicia, afecta el derecho de los ciudadanos a dirigir denuncias y quejas y a recibir una respuesta fundamentada y oportuna (artículos 66 y 172 de Constitución de la República).

“Ahora, por efecto de esta sentencia, los ciudadanos no podrán acudir directamente al Consejo de la Judicatura para denunciar una presunta manifiesta negligencia, sino que deberán primero ir donde un juez para que este declare la falta y luego, el Consejo pueda sancionarla”, afirmó Maldonado, quien alertó que esto podría generar retrasos y una eventual impunidad en la sanción a los jueces, fiscales o defensores públicos que han incurrido en faltas disciplinarias graves.

La presidenta del CJ expresó su profunda preocupación por las consecuencias de la decisión de la CC, que dispuso que su sentencia tenga efectos retroactivos para todos los casos en los que existan procesos judiciales de carácter contencioso administrativo o de garantías jurisdiccionales, propuestos única y exclusivamente por jueces, juezas, fiscales y defensores públicos, en contra de actos administrativos sancionatorios con destitución emitidos por el pleno del CJ.

Esto, según Maldonado, atenta de manera directa a la seguridad jurídica y al interés general ya que, en todas las causas activas, se declararía inmediatamente la inconstitucionalidad del sumario, debiendo volver todo a su estado inicial, sin importar el hecho de si existió efectivamente la infracción por parte del operador de justicia destituido.

A esto habría que sumar las consecuencias económicas de la aplicación de la sentencia que, de acuerdo a lo que indicó Maldonado, ocasionaría impactos brutales en el presupuesto de la Función Judicial, por las eventuales reparaciones económicas que generaría la aplicación retroactiva de la sentencia.

Las autoridades del CJ recordaron que, desde su designación el 29 de enero de 2019, este organismo ha ejercido sus competencias y atribuciones constitucionales y legales respetando siempre la independencia judicial.

En este contexto, explicaron que, a diferencia de administraciones anteriores, la figura del error inexcusable solo se ha aplicado en cuatro casos en los que existió la declaración jurisdiccional previa.

El vocal Fausto Murillo Fierro señaló que en todos los casos en los que se ha dispuesto la destitución de servidores judiciales, el CJ  ha actuado en estricto respeto al marco legal vigente, al debido proceso y al derecho a la defensa.

Precisó que con la sentencia de la CC, más de 3.000 expedientes disciplinarios deberán esperar el pronunciamiento  de instancias jurisdiccionales superiores, lo que afectará directamente al derecho de los usuarios de acceder a una justicia efectiva y oportuna.

A la rueda de prensa asistieron también los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno y Jorge Moreno, el director general Pedro Crespo y el director de Asesoría Jurídica del CJ, Santiago Peñaherrera.

FUENTE: Boletín y foto del Consejo de la Judicatura del Ecuador (Quito), con firma de su Dirección Nacional de Comunicación Social.