El recientemente pasado día jueves 13 de mayo del 2021, el pleno del Consejo de la Judicatura del Ecuador presentó a la ciudadanía su obligatoria Rendición de Cuentas sobre la gestión realizada en el periodo del año 2020.

Fue un evento telemático a través de la Internet, al que comparecieron la presidenta del Consejo, María del Carmen Maldonado, y quienes ejercen las demás vocalías: Elcy Celi, Maribel Barreno, Juan José Morillo y Xavier Muñoz. También estuvieron presentes el director general, Mauricio Riofrío, así como quienes ofician de directora o director en cada provincia del país.

La presidenta Maldonado inició su rendición de cuentas reconociendo el esfuerzo y la responsabilidad de todas las personas que fungen como servidores judiciales y actuaron regularmente durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia COVID-19.

Explicó que, debido a la suma sin precedentes de crisis sanitaria, social y económica, el año 2020 estuvo marcado por retos y desafíos que el Consejo de la Judicatura afrontó precautelando la vida y la salud de todos los actores de la Función Judicial, para  mantener operativo el servicio de justicia.

Desde el inicio de la actual administración, el Consejo de la Judicatura desarrolla su gestión en el marco de cuatro ejes de acción institucional, recordó la presidenta Maldonado.

En el eje de lucha contra la corrupción, trabaja para  afianzar y fortalecer principios y valores éticos en la Función Judicial. En este marco, el Consejo de la Judicatura es parte, hoy, de la Red Mundial de Integridad Judicial, en calidad de sede de formación.

También organizó el Curso Internacional de Conducta y Ética Judicial, en el que participaron 1752 servidores judiciales, entre jueces, juezas, secretarias y secretarios de todo el país.

Además, 400 jueces (entre mujeres y hombres) fueron capacitados en temas de lucha contra la delincuencia organizada, gracias a los convenios de cooperación con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador y la Pan American Development Foundation Inc (PADF).

En el segundo eje de gestión, fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, el Consejo de la Judicatura realizó el Concurso Público de Oposición y Méritos, Impugnación y Control Social para designar a las juezas y los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

También inició la evaluación de desempeño y de productividad de 828 agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales a nivel nacional.

Además, priorizando la innovación y el desarrollo de sistemas tecnológicos, se implementó el E-SATJE 2020, con su componente Oficina de Gestión Judicial Electrónica y Trámite Web. Estas herramientas están vigentes en siete provincias, donde se realizaron aproximadamente 10 mil sorteos de causas nuevas y se recibieron más de 100 mil escritos.

La Judicatura impulsa un cambio en el modelo de gestión, para lo cual implementó los tribunales fijos en cuerpos pluripersonales de materias no penales: en Pichincha, Azuay, Manabí y Tungurahua. Esto permite agilizar los procesos judiciales y cumplir los principios de celeridad e inmediación.

En cuanto al tercer eje “Independencia judicial con estricto control disciplinario”, Maldonado fue enfática en señalar que la Judicatura respeta la independencia judicial y cumple con el ejercicio de la potestad disciplinaria.

“Analizamos el comportamiento disciplinario de 159 servidores con sumarios y luego de cumplir con el debido proceso, fueron destituidos 46”, preciso la presidenta de la Judicatura.     

En relación al cuarto eje de gestión, “Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres”, la presidenta puso énfasis al señalar que ahora las mujeres y las niñas ya no están solas.

“Implementamos el Módulo Externo E-SATJE / Medidas de Protección Administrativas para Víctimas de Violencia”, herramienta tecnológica que permite que las juntas cantonales de protección de derechos, las tenencias políticas, las comisarías de Policía Nacional y las intendencias de policía otorguen las mencionadas medidas de protección, sin necesidad de que se presente una denuncia. “De esta forma, salvaguardamos la integridad de cientos de mujeres y niñas”, manifestó Maldonado.

Recordó, además, que mediante la Resolución 127-2020, el Consejo de la Judicatura resolvió que se desarrolle un mecanismo de seguimiento al principio de celeridad judicial en casos de femicidio y muertes violentas de mujeres.


FUENTE: Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador (Quito), mediante boletín y foto con firma de su Dirección Nacional de Comunicación Social, dependencia que los envió a REVISTA DE MANABÍ.

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