Según estudio, el salario de los migrantes venezolanos en Ecuador es apenas un 50 % de lo que ganan los nacionales. En Colombia ganan menos, solo el 45 %.

El 100 % de las mujeres transfronterizas entrevistadas manifiestan que han sido víctimas de acosos en la calle y/o de violencia sexual.

Tulcán (Carchi) Ecuador, 9 de diciembre del 2021.- Explotación laboral, discriminación, inseguridad; falta de acceso a educación, salud, alimentos y agua; violencia basada en género, física y sexual, y trata de personas, son los problemas que viven a diario las mujeres transfronterizas y sus familias, tanto del lado ecuatoriano cuanto del colombiano. 

Estos hallazgos fueron recogidos por el Análisis Rápido de Género (ARG) – CARE 2021, un documento que expone los impactos diferenciados por género frente a la crisis humanitaria y los cambios generados por la pandemia (COVID-19) en mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana de origen venezolano en las poblaciones de Ipiales y Pasto (Colombia); e Ibarra y Tulcán (Ecuador).

La manifestación junto al puente internacional Rumichaca, en la frontera de Ecuador y Colombia. / FOTO: CARE / ICARE

Ante esta realidad y como parte del proyecto “Cruzando Fronteras”, que se ejecuta gracias a la financiación de la Agencia Francesa de Desarrollo, CARE construyó y adaptó la metodología de “Mujeres líderes en emergencia con enfoque de derechos”, para la elaboración de la Agenda Transfronteriza que busca dar voz y liderazgo a las mujeres en condición de vulnerabilidad y que así promuevan la creación de políticas públicas que garanticen el goce de los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas, así como de la comunidad de acogida de ambos países.

Hemos querido darle una voz a las mujeres transfronterizas de Ecuador y Colombia, que sean ellas quienes expongan sus necesidades e impulsen la agenda transfronteriza que busca mejorar sus condiciones de vida. Y que, además, ellas sean las protagonistas de la construcción de estrategias para contribuir a la solución de las problemáticas identificadas”, expresó Alexandra Moncada, directora de CARE Ecuador. 

Otra escena de la manifestación en Tulcán. / FOTO: CARE / ICARE

Para la construcción de la agenda, que fue presentada ante autoridades locales de ambos países este 9 de diciembre en un acto simbólico de toma del puente internacional Rumichaca, se identificaron alrededor de 80 mujeres, 40 por país, entre migrantes, refugiadas, indígenas y de la comunidad de acogida, quienes plantearon sus necesidades en seis ejes: protección, salud, educación, medios de vida, situación migratoria, participación y liderazgo.

Venimos cargadas de tanto dolor, ansiedad y necesidad; lo único que queremos es llegar a un lugar para sentirnos seguras, pero cuando llegamos enfrentamos otros problemas. Tenemos miedo de ir a las instituciones públicas porque nos rechazan con facilidad por no tener documentos…”, menciona uno de los testimonios recogidos en el estudio.

Manifestante. / CARE / ICARE

Según el ARG, en el caso de Ipiales y Pasto, alrededor del 90 % de las personas venezolanas están en condiciones de irregularidad, lo que obstaculiza el acceso a condiciones laborales dignas; subsidios para servicios públicos, educación y salud. En Ecuador, la situación se agrava ya que las personas venezolanas requieren de una visa y pasaporte vigente, lo que restringe aún más la posibilidad de regular su situación migratoria, excepto en caso de refugio. 

De cara a esta problemática, la agenda propone que se mejoren las condiciones básicas para hacer su ruta migratoria segura, por ejemplo, con la creación de más albergues, una moratoria migratoria o un mecanismo que facilite la regularización de ellas y sus familias; protección especial frente a la presencia de grupos armados y bandas de crimen transnacional que violentan sus vidas; refugio para personas cuya vida está en riesgo, entre otras acciones.

Hacemos un llamado a las autoridades locales y nacionales para que las acciones propuestas en la agenda transfronteriza se cumplan. La regularización de las personas en situación de movilidad humana en los países de acogida debe ser una prioridad para los gobiernos nacionales. Asimismo, la integración de estas personas en la vida social, económica, cultural y política en estos países”, añadió Moncada.

En cuanto a la explotación laboral, en Ipiales y Pasto se identificó que las personas venezolanas reciben menos de la mitad de ingresos en relación a las personas colombianas (USD 8,00 por 10 horas de trabajo, frente a USD 18,00 que recibe la población local por el mismo tiempo). Por su parte, las personas venezolanas que residen en Ibarra y Tulcán, refieren ganar en promedio USD 200,00 mensuales, lo que equivale a la mitad del salario mínimo en Ecuador por un trabajo diario de 11 a 14 horas. 

Frente a autoridades públicas de Tulcán. / FOTO: CARE / ICARE

Otro punto crítico es la violencia basada en género. El 100 % de las mujeres entrevistadas manifiestan que han sido víctimas de acoso en la calle y/o de violencia sexual. Para atacar esta situación, las mujeres proponen la creación de políticas públicas que incluyan mecanismos de denuncia eficaces y acceso a servicios de protección.

Asimismo, el 100 % de hombres y mujeres que participaron en el ARG manifiestan que se sienten desprotegidos, lo que hace prioritario generar acciones de integración social y sensibilización para prevenir la xenofobia y la violencia. Esta situación se agudiza en las personas LGBTIQ+ que sufren una doble discriminación.  El estudio da cuenta que el 55 % de las personas venezolanas consultadas han experimentado algún tipo de discriminación, siendo la discriminación por nacionalidad la forma más recurrente.

En la frontera entre Ecuador y Colombia. / FOTO: CARE / ICARE

Finalmente, sobre acceso a la salud sexual y reproductiva, de acuerdo a la OIM, apenas el 38 % de las mujeres y 26 % de los hombres venezolanos encuestados en Ecuador ha tenido acceso a servicios de salud sexual y reproductiva durante el último año. Frente a ello, se propone que se garantice el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos y modernos para la prevención de embarazos no deseados y prevención de ITS (Infecciones por Transmisión Sexual), con énfasis en adolescentes.

Además, garantizar la aplicación de la norma técnica para la atención integral a las sobrevivientes de violencia sexual y fortalecer la red de salud pública para la atención oportuna en la población refugiada, hacen partes de las recomendaciones de esta agenda transfronteriza. 

FUENTE: Comunicado y fotos de CARE Ecuador (Quito), remitidos a REVISTA DE MANABÍ por intermedio de Ligia Cueva – Cel. 099 593 7584).