Para ello ponen a disposición del público los canales de comunicación correspondientes.

La rápida y masiva propagación de la COVID-19 que ocurre ahora mismo en Ecuador debido a la variante ómicron del coronavirus causante de dicha enfermedad, es el motivo del que se valen la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) a fin de recordar al público que ellas se hallan vigilantes para evitar fraudes en la prestación de los servicios de salud y en el suministro de medicinas.

Según su propia promesa, esas dos agencias gubernamentales trabajan de forma conjunta y coordinada en acciones orientadas a precautelar la salud de la población. Dentro del marco de las respectivas competencias, suman sus esfuerzos para mantener un control estricto en los establecimientos y servicios que requieren vigilancia sanitaria.

Una de las actividades que se ejecutan desde el inicio de la pandemia es el control a los laboratorios clínicos y moleculares que realizan diagnóstico de COVID-19 mediante pruebas RT-PCR, antígenos y pruebas rápidas.

ARCSA es la entidad encargada del control de los productos de uso humano que se elaboran en el territorio nacional o se importan del extranjero. Esta Agencia verifica la calidad de los medicamentos y dispositivos médicos nacionales e importados para la emisión del registro sanitario ecuatoriano, certificado que avala su seguridad para el uso y consumo.

En los actuales momentos de la pandemia, uno de los productos más demandados es la prueba para la detección de COVID-19, la cual pasa por un proceso de revisión técnica y documental para permitir su circulación.

Inspección de mascarillas de uso público. / FOTO: ACESS / Manabí

La ACESS, por su lado, es la institución responsable de vigilar y controlar la prestación de los servicios de salud. Con la llegada de la pandemia, esta Agencia asumió la tarea de autorizar el funcionamiento de los laboratorios de análisis clínicos y moleculares para el diagnóstico de COVID-19. Esos establecimientos se someten a una evaluación de sus condiciones de infraestructura, equipamiento, talento humano y la aplicación de normas de bioseguridad que garanticen la seguridad de los pacientes y los resultados de las pruebas.

Desde el inicio de la pandemia, en todas las provincias se realizan controles conjuntos a los establecimientos que realizan este tipo de pruebas. ARCSA verifica que se utilicen las pruebas certificadas por esta entidad, mientras que ACESS observa que los establecimientos mantengan las condiciones con las cuales obtuvieron la autorización de funcionamiento y que además se respete el precio máximo de la prueba RT-PCR (hisopado nasofaríngeo) de 45,08 dólares, establecido mediante Acuerdo Nro. 00003-2021, de fecha 20 de abril del 2021, emitido por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Las dos agencias recomiendan al público que, en el caso de conocer cobro excesivo de estas pruebas o de lugares no autorizados que las realizan, denuncien mediante el correo electrónico: denuncias@calidadsalud.gob.ec

Ambas agencias han anunciado que reforzarán la supervisión a los establecimientos sujetos a control sanitario, para revisar el cumplimiento de estándares mínimos de calidad en la prestación de servicios de salud y en la elaboración, producción y/o expendio de productos de consumo humano.

Por eso hacen otra recomendación: que la ciudadanía sea parte de estos controles, reportando y denunciando las irregularidades en productos por medio de ARCSA Móvil, que se puede descargar gratuitamente en Play Store y Apple Store. Y las irregularidades observadas en establecimientos y servicios de salud, mediante el e-mail denuncias@calidadsalud.gob.ec

FUENTE: ACESS zonal en Portoviejo (Provincia de Manabí, República del Ecuador), mediante comunicado y fotos con firma de la periodista Agustina Cedeño García, analista de información y comunicación pública para esa dependencia estatal.