He aquí las 5 medidas acordadas durante una reunión de trabajo convocada por el Consejo de la Judicatura.
Este contenido es parte de REVISTA DE MANABÍ
Actualmente, cuando el Ecuador enfrenta los duros embates de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, situación que ha puesto a prueba la fortaleza del Estado que se supone está por encima de cualquier amenaza interna, la Judicatura y el Gobierno nacional no han tenido más remedio que sentarse juntos a encontrar el sistema y los medios apropiados para proteger la vida de quienes trabajan combatiendo a esos dos grandes males que intranquilizan al país.
Es que ya muchos de esos trabajadores (mujeres y hombres) -jueces, fiscales, legisladores, periodistas y otros- han sido víctima de la violencia, en algunos casos fatal, desatada en el territorio ecuatoriano por bandas mafiosas que disputan espacios de poder político y económico.
El día miércoles 21 de septiembre del 2022, en la sala y alrededor de la mesa de sesiones del Consejo de la Judicatura, en Quito, se reunieron: Fausto Murillo Fierro, presidente de este organismo; Patricio Carrillo, ministro del Interior; Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional; Anahí Briceño, delegada por la fiscal general del Estado; y Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura.
La razón de dicho encuentro, propiciado por la Judicatura, fue plantear, discutir y acordar “acciones concretas, inmediatas y técnicas, para el fortalecimiento de las condiciones de seguridad de los servidores judiciales”. La reunión concluyó después de acordar estas cinco medidas:
- 1.- La creación e instalación inmediata de una mesa técnica interinstitucional entre Ministerio del Interior, Policía Nacional, Consejo de la Judicatura y Fiscalía General, para estructurar y desarrollar un Sistema de Seguridad Nacional para la Función Judicial, desde una perspectiva técnica y de inteligencia, en función de la determinación del riesgo por las amenazas vinculadas directamente con el narcotráfico y el crimen organizado. Esta mesa técnica trabajará de forma permanente y reportará los avances cada semana.
- 2.- La Policía Nacional priorizará la atención de los requerimientos de protección y seguridad de los servidores judiciales cuya labor tiene mayor exposición al riesgo.
- 3.- Estructurar la Unidad de Protección Judicial para fortalecer los esquemas de seguridad de los servidores judiciales y usuarios del servicio de justicia.
- 4.- Realizar un estudio de las infraestructuras de justicia, para determinar su situación actual, establecer protocolos y procedimientos de seguridad actualizados.
- 5.- Generar acciones, en el mediano y largo plazos, para fortalecer las capacidades físicas, tecnológicas y humanas de protección que requiere la infraestructura usada por los servidores judiciales.
FUENTE: Comunicado público emitido por el Consejo de la Judicatura del Ecuador con sede matriz en Quito. La foto es captura de pantalla del video grabado en la reunión.
Centenario del Cantón Manta (1922 -Nov. 04- 2022).
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