Los atentados criminales ocurridos últimamente dentro del territorio ecuatoriano, han obligado una colaboración más estrecha entre las funciones Judicial y Ejecutiva del país, surgiendo en consecuencia una “mesa interinstitucional” que diseña las medidas que aseguran la integridad personal de quienes trabajan en los despachos judiciales.

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Dicha mesa fue creada en septiembre del presente año y la componen delegados de Consejo de la Judicatura (CJ), Ministerio del Interior, Policía Nacional y Fiscalía General del Estado.

Los primeros resultados de la mesa, en el contexto de las amenazas vinculadas directamente con delitos como el narcotráfico y el crimen organizado, comenzaron desde el mes de octubre con patrullajes preventivos diarios en las instalaciones de las unidades judiciales, fiscalías y delegaciones provinciales del Consejo de la Judicatura.

De la misma forma, el CJ y la Policía Nacional programaron inspecciones técnicas en las dependencias judiciales, para identificar las posibles amenazas y establecer protocolos y procedimientos de seguridad actualizados.

Para el cumplimiento de estas y otras acciones, se ha instruido a los directores provinciales del CJ que, con base en las necesidades propias de sus provincias, mantengan reuniones permanentes de coordinación con los jefes zonales de la Policía Nacional y con los delegados de la Escolta Judicial, para implementar acciones preventivas de seguridad en los perímetros de los edificios institucionales que lo ameriten.

Asimismo, el 07 de noviembre de 2022, la Dirección General del CJ dispuso a las direcciones provinciales que, dependiendo de la realidad y circunstancias de cada jurisdicción, se analice la pertinencia de brindar atención a la ciudadanía bajo la modalidad de teletrabajo, garantizando la correcta prestación del servicio.

Seguridad individual

En abril de este año la Dirección General del CJ aprobó el “Instructivo de seguridad individual para las y los servidores de la Función Judicial”, que establece un procedimiento específico para que los operadores de justicia que se sientan amenazados o en riesgo puedan solicitar protección policial.

En estos casos, el CJ canaliza las solicitudes hacia el Ministerio de Gobierno y, tras el análisis del perfil de riesgo correspondiente, la Policía Nacional se encarga de implementar las medidas de protección pertinentes.

FUENTE: Consejo de la Judicatura (Quito, Ecuador), mediante boletín remitido por su Dirección Nacional de Comunicación Social.

Año 100 del Cantón Manta (1922 -noviembre 04- 2022), provincia de Manabí, República del Ecuador, Suramérica.