¿Por qué apresan a los presidentes?

El autor del artículo analiza el escabroso ordenamiento jurídico devenido de una “teoría novelera” e implantado en América Latina en los inicios del siglo XXI, causando desde entonces los enredos legales que envuelven a la política y a la propia administración de la justicia. Y por esto propone reformar la Constitución ecuatoriana.

Este contenido es parte de REVISTA DE MANABÍ

Por Víctor Arias Aroca *

El presidente Castillo, del  Perú, abandona el poder en medio de un bochornoso suceso. Había decretado la supresión de las garantías políticas para los órganos públicos, que nadie aceptó. Parece que los primeros que se le retiraron fueron sus ministros. Las Fuerzas Armadas tampoco compartieron este mini golpe de Estado. Fue un paso en el vacío formulado por un mandatario desesperado.

Ahora está apresado y en graves dificultades frente al sistema judicial al que también había disuelto en su fallido decreto. Se quedó solo en este mundo, pero no está solo en cuanto a los defectos políticos de la conducción de los asuntos públicos, sino que él, igual que otros mandatarios (Cristina Kirchner, es el mejor ejemplo), se encuentran atrapados en la telaraña legal que se empezó a implementar en América hace algunos años, cuando la novelería de la teoría del derecho penal del enemigo empezó a inundar los libros de derecho y el malabarismo jurídico de convertir en delito toda conducta humana, y desajustó un sistema penal que duró 200 años, en los cuales el sistema judicial supervivió junto al sistema político, respetándose mutuamente, sin causar la ola de corrupción que ha sacudido a meso América y Sudamérica.

La doctrina del profesor Gunther Jacobs nunca ha sido bien entendida. Ni él, ni sus estudiantes de la Universidad de Bonn, pretendían sancionar por sospecha. Mas, en la aplicación común de la ley penal, el método resulta injusto e incriminatorio, pues castiga al infractor probable, aunque no haya cometido un delito, solo por considerar el peligro o la probabilidad social de que algún día se pudiera afectar la sociedad, aunque por ahora no fuere afectado el bien jurídico.

Más fácil de asimilar es Roxín, citado por el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel. Aquí está la trampa mortal. El poder se electrocutó. Este desvarío es el resultado del paroxismo que provocan las técnicas secretas del manejo de la conducta de la multitud con que suben al poder convertidos en semidioses y que la masa ignora, porque fue arrastrada a una nueva sociedad, a una Jerusalén libertada, con calles de oro y mar de cristal; a un mundo de ensueño que todavía no llega.

Pero la divina comedia no termina. En su desvarío, atrapados en los presuntos triunfos electorales, los miembros de la sociedad política (léase partidos) no se dieron cuenta que iban a convertirse en víctimas del sistema jurídico que implementaron, supuestamente para contener la corrupción.

A Castillo, ni el sombrero tipo Speedy González -que ni siquiera es original- le va a servir para salvarse de una condena.

¿Saben por qué apresan a los gobernantes de América? Porque ellos mismos crearon un sistema de inseguridad jurídica en que el juez no tiene más remedio que aplicar esas mismas leyes imbéciles que aprobaron otros parlamentos, igualmente integrados por ignaros que nunca han tenido en sus manos un código civil, que no tienen puta idea de lo que es y debe ser la ley, y que no tienen empacho en sostener que el presidente es culpable, incluso sin pruebas objetivas.

Entiéndase que los gobernantes se han hecho el harakiri con sus propias leyes. Fabricaron una dantesca jaula y se quedaron dentro. Por eso la señora Kirchner declara su inocencia frente a un sistema abyecto que la persigue hace años y que no se lo puede quitar de encima, ni dentro ni fuera del poder. La jaula la persigue. Proclama inocencia porque asegura que los jueces se pusieron de acuerdo para enjaularla.

Con el viejo método, ni Castillo habría caído, ni Kirchner habría sido sentenciada. Hábiles abogados, de supuesta intelectualidad, les crearon un laberinto legal y judicial.

El sistema penal creado por las hipótesis noveleras del siglo XXI, eliminó el principio gradual de la infracción, que viene del siglo XIX, y ubica a todos los involucrados en el mismo nivel (Lo que no puede ser, porque en una infracción en la que interviene más de una persona, no todos tienen el mismo nivel de participación). Por lo tanto, según los entendidos de estas materias, no existen autores cómplices y encubridores, sino autor mediato e inmediato. Es la teoría del profesor Klaus Roxín, que parece haber sido aplicada a un ex presidente.

Esta tesis fue elaborada -ese es su origen- para determinar responsabilidad en criminales de guerra y exterminadores masivos. A un presidente se le puede filtrar un ministro corrupto o un atarván en el Gabinete, pero eso no lo hace criminal de guerra. Tan responsable es el que prepara y elabora la trama de un peculado, como el secretario que lo veía entrar y salir al jefe y no se dio cuenta que se estaba alzando con todo. ¡Y eso no es así!

Eso pretende la distorsionada teoría, que una vez fue útil en la Alemania de la post guerra. Así también en delitos de naturaleza sexual; le imponen un castigo de 40 años al que penetró, al que abrió la pieza, al taxista que llevó al pasajero y al farmacéutico que vendió el preservativo. ¡Así es, no me discutan! Así es como lo aplican.

Los tímidos practicantes de esas leyes absurdas creen que todo el mundo es culpable y en el mismo grado. Hubo un asesinato famoso. El hombre eliminado recibió solo un tiro. La policía informó que no hubo más disparos. 9 personas formaban el grupo que ingresó al lugar de los hechos. Los 9 fueron condenados. Ese es el derecho del enemigo, el enemigo subyacente. Una abierta injusticia. Y, si el juez deja de aplicar esas leyes abyectas e impone el racional criterio de la sana crítica, pues la ley se va en contra del juez. Así de fácil. Así de absurdo.

Así es América. Del mismo modo condenan como infractores de la ley (a quienes se aplica prisión, pero debería ser una simple multa de 20 dólares) por los gigantes y colosales delitos inventados por los geniales legisladores de los primeros 23 años del siglo XXI: 1) Circular con llantas lisas. 2) Llevar a los hijos en el balde de la camioneta. Y, 3) Trasladar un muñeco de papel en camioneta. En este último caso, el delito tipo fue terrorismo y traslado de armamento nuclear. ¡Increíble, pero cierto!

Centenas de policías, que bien podrían ayudar a solventar la inseguridad de la calle, se dedican a cuidar gente con arresto domiciliario, que es otra mamba negra en el sistema penal.

Por las malas leyes, los procesos se caen. Hay que cambiarlo todo, señores legisladores. Para que sea efectiva la justicia penal, hay que hacer un solo proceso que sancione al infractor, no diez procesos que no producen sentencia. Procesos inútiles, en los que el Estado invierte millones y no obtiene la devolución de un solo dólar. Hagan caso.

Hoy, la Asamblea ecuatoriana ha sido subordinada en forma manifiesta al poder judicial de tipo constitucional, debido a sus propios errores de interpretación y a la legislación que ellos implementaron. Son las leyes creadas por diputados léperos y asambleístas iletrados, vagabundos del destino político, que aprendieron solo a deambular por el pantano de la nada. La competencia del juez que los acaba de humillar ordenándoles, incluso, que pidan disculpas a los consejeros del CPCCS no admite discusión. Lo discutible es la ley, su propia ley.

Señor presidente de la Asamblea, la Ley Orgánica de la Función Legislativa es un absurdo. Debe ser eliminada y reemplazada por una ley digna de la Función Legislativa. Esa ley limitó las competencias propias de la Legislatura, disminuyó sus atribuciones, hizo cautivos del poder judicial a los legisladores, los ha apresado. Usted tiene una reforma constitucional vestida de enmienda, que le acaba de entregar el presidente. Esta es su oportunidad. Dele otro giro a la Constitución.

Haber inventado cinco funciones al Estado, que nunca había conocido más que el sistema Ejecutivo, Legislativo y judicial, es lo mismo que haber construido una locomotora que va directo al abismo. Esa es la tontería elevada a cultura política. Por eso, esos cinco poderes no pueden convivir, porque son un parto de los montes.

Según el barón de Montesquieu, la división de poderes permite el control recíproco de un poder hacia el otro, mediante la regulación de funciones de acuerdo con la ley, por manera que ninguno podía estar sobre otro. Esa premisa es fundamental en un Estado democrático, para evitar abusos.

Por lo tanto, en esta doctrina de la Ilustración, en la que Monstesquieu es el principal, el poder público es uno solo, que se divide en tres funciones. Por eso ninguna función del Estado puede estar encima de la otra. Esa es la doctrina. En la clásica división de poderes no habría ocurrido la colosal fractura social que nos ha hecho convivir entre presidentes derrocados, enjuiciados y condenados.

Es por estos naufragios recurrentes en el ámbito de la convivencia entre poderes, que hoy algunos pensadores, incluso de nivel académico, están hablando de un Estado fallido. Eso significa que el Estado se pudrió, se rajó y no ha servido para maldita sea la cosa. Esa es la expresión más popular, pero su contenido va mucho más allá; significa que algo está pasando en las democracias. Significa que hemos dinamitado el puente, que hemos llenado de palizada lo que el abogado Alejandro Román Armendáriz llamaba el ancho cauce democrático.

Algo muy malo viene bajando por el río y es la posibilidad de la anarquía, en la que juegan al pepo algunos detractores del poder de turno, que transigen con todos los gobiernos de turno. Miren lo que ocurre en Perú y Haití. Pero es peor la condena de la ciudadanía, agitada por campañas electorales en que destaca el exhibicionismo del que más tiene.

Mientras un presidente se encuentra en ejercicio, otro espera entre las sombras la caída del primero, si es que no la provoca y uno y otro sector político se van turnando para hacerse de unas chauchas; así, con un poco de suerte, alguno podrá hacer cambios mínimos. Cambios mayores no habrá, porque el sistema legal está podrido.

Las primeras atrapadas en la red fueron las universidades y, hoy, estas lumbreras del pasado perdieron la capacidad de opinar. La ciudadanía está obligada, por leyes del absurdo electoral, a soportar un sistema corrupto y a elegir cada vez con más miedo, desde la plataforma del suplicio de Jéssica Lange, entre dos colosos de la literatura fantástica: King Kong y Godzilla.

* Víctor Arias Aroca es doctor en Jurisprudencia. Diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad de El Alto, Instituto Latín Juris.