Se ha pedido una Acción de Protección a favor de la Función Judicial y en contra del primer mandatario ecuatoriano.

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La Acción de Protección solicitada a la Justicia por el presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador, Wilman Terán Carrillo, en contra del presidente de la República en funciones, Guillermo Lasso Mendoza y el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, se radicó en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la Parroquia Mariscal Sucre del Cantón Quito.

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Esa garantía jurisdiccional fue solicitada el día lunes 3 de abril del 2023 y el solicitante la justifica con el argumento de que el presidente de la República ha incurrido en omisión de su deber, al no proveer recursos económicos suficientes para el ejercicio de los derechos a la defensa, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, trabajo digno y seguridad jurídica de los usuarios del servicio de justicia y de quienes trabajan en su prestación.

En el texto de la Acción de Protección se señala que, en los últimos 10 años, la Función Judicial ha sufrido una reducción presupuestaria de más de 200 millones de dólares, lo cual ha generado escenarios preocupantes, donde el acceso gratuito de la ciudadanía a la justicia se ejerce únicamente en una dimensión formal.

Reducción presupuestaria

Se recuerda que en 2013 se asignaron más de 550 millones de dólares a la Función Judicial, mientras que para el presente año el presupuesto codificado es de 347,7 millones, monto que no es suficiente para financiar el gasto corriente de la Función Judicial, así como tampoco los proyectos de inversión y de modernización.

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Además se indica que, ante la evidente y pública situación de vulneración de derechos de los usuarios y trabajadores del sistema judicial, debe existir una reparación por parte de los órganos que, con sus omisiones, vulneran los derechos de protección, entre ellos, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Por las razones antes expuestas, las pretensiones de la Acción de Protección se pide que la Presidencia de la República ordene al Ministerio de Finanzas, consignar a favor del Consejo de la Judicatura el valor de 265’650.998,80 dólares, monto que constituye el déficit del gasto corriente del ejercicio fiscal 2023, con un recargo del 10 % por cada día de retraso, en caso de incumplimiento del plazo otorgado; adicionando a esta suma global los intereses legales y vigentes a fin de que dichos valores de recargos sirvan para potenciar la confianza ciudadana en la Función Judicial.

No interferir en causas judiciales

Además se solicita disponer que el presidente de la República se comprometa a que ninguna autoridad de la Función Ejecutiva emita comunicaciones orientadas a incidir en una causa judicial, debiendo tener presente que cualquier pronunciamiento, acorde a estándares internacionales, solo se puede realizar una vez dictada la decisión definitiva, siempre que se cite y recurra a las fuentes oficiales.

FUENTE: Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura del Ecuador (Quito), mediante boletín con su firma.

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