El presidente del órgano de gobierno de la Función Judicial del Ecuador reaccionó con dureza y a él se ha sumado su delegado en la provincia de Manabí. Estos pronunciamientos dejan entrever que, detrás de Fiscalía, está la estratagema gubernamental para no proveer los recursos monetarios que necesita la Justicia.
La Fiscalía General del Estado, parte de la Función Judicial ecuatoriana, allanó ayer (viernes 12 de mayo del 2023) la oficina matriz del Consejo de la Judicatura, justificando que dicho allanamiento está relacionado al proceso judicial que sigue contra dos vocales del Consejo de la Judicatura: Juan José Morillo y Maribel Barreno.
Sobre los dos vocales pesa el señalamiento de supuesto tráfico de influencias para direccionar determinados fallos judiciales. En tal virtud, el allanamiento habría ocurrido, puntualmente, en los despachos de los dos consejeros.
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Ante la sorprendente acción de Fiscalía, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo, publicó un comunicado en el que comienza fijando su particular punto de vista sobre la situación que nos ocupa: “Vengo de una vertiente judicial donde solo nos interesa el Derecho y no la política”.
Luego explica que el Consejo de la Judicatura vela por los derechos y deberes establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y que, en este marco, condena cualquier intento de chantaje o persecución.
De ahí que expresó su preocupación por el allanamiento realizado al edificio matriz de la institución, por parte de la Fiscalía General del Estado, justo un día después de haberse registrado una amenaza de bomba en las mismas instalaciones.
Pero a Terán Carrillo le sorprende que dicha diligencia no se ejecutó de acuerdo a lo que establece el artículo 481 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala que un allanamiento debe realizarse previa la presentación y lectura de una orden judicial, mandato legal que no se cumplió.
Su comunicado añade que, sin embargo, el Consejo de la Judicatura facilitó la irrupción de quienes dijeron ser servidores de la Fiscalía.
El presidente de la Judicatura, en declaraciones para medios de comunicación masiva, recordó que el trabajo del Consejo de la Judicatura es controlar, juzgar y sancionar a los jueces en el cometimiento de alguna infracción disciplinaria.
Y agregó que en la justicia jamás se deben mezclar los tintes políticos. “Quien lo hace debe pagar, ya que eso es ilícito”, advirtió.
Por último, el comunicado público firmado por la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, atribuye a su presidente una consideración que compromete la fiabilidad del Gobierno nacional ecuatoriano en funciones: “(…) reitera la condena y rechazo al ataque sistemático que se ejerce contra la Función Judicial, como pretexto para no dotarle de los recursos económicos necesarios para la atención a la ciudadanía.”
Añadiendo: “La paz, justicia y verdad deben imperar en la Función Judicial, cueste lo que cueste. Por eso, las puertas del Consejo de la Judicatura siempre estarán abiertas.”
La reacción manabita
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