Y como también disolvió a la Asamblea Nacional, durante los próximos 6 meses gobernará sujeto a lo que apruebe la Corte Constitucional.
Es la consecuencia de haber aplicado el recurso constitucional de cerrar la Asamblea de la República, en este caso cuando ella iniciaba su segundo y último periodo de dos años; y de llamar a elecciones anticipadas de nuevos asambleístas y, por cierto, de nuevo presidente del Ecuador.
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Como ya es de conocimiento público, el presidente Guillermo Lasso Mendoza decretó este miércoles 17 de mayo del 2023 la “muerte cruzada”, lo que significa que disolvió a la Asamblea Nacional y anticipó la terminación de su propio mandato a noviembre del año en curso.
Para eso, el mandatario echó mano a su facultad constitucional de cerrar la Asamblea “por grave crisis política y conmoción interna”, justo cuando el órgano legislativo se hallaba juzgándolo por peculado (malversación de fondos públicos), y temiendo ser destituido.
Pero el Partido Social Cristiano (PSC), mediante Comunicado difundido tras decretarse la “muerte cruzada”, anticipó que pedirá un recurso de protección judicial que deje sin efecto el decreto presidencial. Alega que es falso aquello de la “conmoción interna” invocada por Lasso para cerrar la Asamblea, criterio con el que coincide Rafael Correa Delgado, ex presidente del Ecuador.
Incertidumbres
La situación política creada por la determinación del presidente Lasso lleva implícitas muchas incertidumbres.
Una es que la Corte Constitucional sea complaciente y permita que Lasso decrete normas contrarias a las expectativas ciudadanas de la mayoría.
Otra es la posibilidad que las organizaciones populares resuelvan movilizarse a protestar contra el cierre de la Asamblea y el arbitrio legislativo de Lasso, creando así un estado de conmoción social que altere la vida general de los ecuatorianos.
También preocupa un próximo evento electoral crispado, y el hecho de que los nuevos asambleístas y el nuevo presidente ecuatoriano solo duren hasta el 2025, cuando concluirían los mandatos de Lasso y de los legisladores cesados. Procesos electorales muy seguidos entorpecen el curso de las actividades ciudadanas del día a día.
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