Por Pedro Pablo Jijón Ochoa*

He mantenido siempre mi opinión que la riqueza de los países de Latinoamérica no está en el subsuelo, en el caso de minerales y petróleo; la verdadera riqueza está a flor de suelo y esta es la producción agropecuaria.

En el caso de Ecuador, productos de origen agrícola y piscícola -como cacao, banano, flores, camarón- demandan gran cantidad de mano de obra, dinamizan la economía y generan gran movimiento financiero por exportaciones, operaciones portuarias, transporte, venta de insumos. Su aporte es tanto o más que el petróleo; es decir, la explotación agropecuaria y piscícola son de importancia fundamental para la economía del Ecuador.

Invito al lector a recorrer el agro del Ecuador profundo, y conversar con los que hacemos explotación agropecuaria. Departir un día acerca de nuestras labores de campo y ver de cerca nuestras necesidades. Sabrán entonces que toda la operación productiva agropecuaria tiene desde siempre un gran problema que es la comercialización. Grandes esfuerzos financieros y operativos para producir y mantener un cultivo hasta la cosecha, para caer en manos de la intermediación letal y de algunos industriales, quienes por su poder financiero pagan precios que muchas veces no reflejan ni los costos de producción.

A mediados del año 2012, un grupo de líderes de la Cuenca Baja del Guayas, reunido en la ya mítica Hacienda Voluntad de Dios, de Don Salim Montenegro, analizaba y buscaba soluciones para los problemas causados por el ataque de la intermediación al pagar precios bajos por arroz, maíz, cacao, café, situación que estaba causando quiebra financiera entre los pequeños y medianos productores. Nace allí la idea de crear un ente de Estado para absorción de cosechas, para así regular precios frente a la intermediación; propuesta que fue presentada a organismos estatales y aceptada por estos. Nace así la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA-EP), mediante Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial No 16, del 17 de junio del 2013.

La UNA-EP se constituye como sociedad de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, administrativa y de gestión; tiene a su cargo el desarrollo y fortalecimiento de los servicios de almacenamiento y comercialización de productos agropecuarios, administración de la reserva estratégica de los mismos y la comercialización y distribución de insumos. Así lo ha venido haciendo y, entre errores y aciertos, ha cumplido con su cometido.

Hoy el sector agropecuario ecuatoriano enfrenta otra dura batalla frente a grupos de poder financiero y político, que ven en la comercialización de productos agropecuarios oportunismo comercial, como siempre dejando en indefensión a los pequeños y medianos productores, que soportan la carga financiera y con su trabajo subsidian a estos grupos, quienes declaran que la UNA-EP es ineficiente y debe cerrar sus operaciones. Percibo un claro afán de apropiarse de estas infraestructuras de silos, equipos, vehículos, para así operar con ellos comprando cosechas siempre con bajos precios y sin costo de inversión en estas infraestructuras.

Sugiero que el ente rector debe defender y someter a la UNA-EP a una reingeniería total de sus operaciones, pasando por calificación de sus funcionarios, mejora en los análisis de laboratorio, optimización en recepción de cosechas; que el  pago sea de manera inmediata por transferencia a las cuentas bancarias de los productores. La UNA-EP debe también ser proveedor de la industria y de  instituciones del Estado como repartos militares, hospitales, y encargarse de la exportación de maderas finas como la Teca, que hoy por hoy es manejada por grupos extranjeros que pagan ínfimos precios por ella.

* Ingeniero comercial y director ejecutivo de ASESORAP (Asesoría a Organizaciones Agrícolas Productivas): asesorapecuador@gmail.com.
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